La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) ampliará las investigaciones por el asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, a funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), donde se encuentra en litigio la negativa del gobierno municipal a autorizar un proyecto inmobiliario en el predio conocido como La Cazahuatera, al que se oponía el concejal.
El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que las diligencias no se limitarán a los integrantes del Cabildo de Cuernavaca, entre ellos el alcalde José Luis Urióstegui Salgado y la síndica Paula Trade Hidalgo, cuyas comparecencias ante el Ministerio Público continúan como parte de las distintas líneas de investigación abiertas por el homicidio.
“A los que tengamos que citar derivado de las investigaciones, lo haremos”, sostuvo el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de llamar a declarar a servidores públicos del tribunal administrativo.
El paso del regidor por el TJA y el conflicto inmobiliario
El Tribunal de Justicia Administrativa fue la última institución pública que visitó Gabriel Rivas Ríos antes de regresar a su oficina y posteriormente trasladarse al sitio donde fue asesinado, el pasado 4 de noviembre, en la colonia Ejidos de Acapantzingo, de Cuernavaca.
En ese órgano jurisdiccional también se ventila una controversia relacionada con la negativa ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca a la empresa Portenta Hábitat para desarrollar un complejo residencial en La Cazahuatera, predio de más de cinco hectáreas ubicado al oriente de la capital morelense.
La oposición del regidor a ese desarrollo inmobiliario forma parte de las líneas de investigación que mantiene abiertas la Fiscalía, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente que el conflicto haya sido el móvil del asesinato.
Buscan a otros participantes en el homicidio
Las investigaciones continúan orientadas a identificar a otro posible participante material en el crimen, así como a determinar si existieron autores intelectuales que ordenaron o planearon el homicidio del representante popular.
Por estos hechos, a Ricardo Alejandro “N” lo vincularon a proceso por homicidio calificado y permanece bajo prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Blumenkron Escobar indicó que, además de las comparecencias de integrantes del Ayuntamiento y de los funcionarios que eventualmente requieran del TJA, la Fiscalía espera que otras personas con información relevante se presenten voluntariamente ante el Ministerio Público.
“Hay un principio moral que dice: el que nada debe, nada teme”, expresó el fiscal al referirse a la posibilidad de que más personas aporten información sobre el caso.
El funcionario aseguró que todas las diligencias se realizarán conforme a las reglas del debido proceso y que la institución continúa integrando y fortaleciendo la carpeta de investigación para esclarecer el asesinato y determinar la responsabilidad de quienes hayan intervenido.
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