Ciudad de México, 9 abr. (AMEXI).- El Instituto Nacional de Migración (INM) se militariza a través de la criminalización y la falta de acceso a la justicia, por el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército en proceso de detención, mandos castrenses, así como el uso de tácticas y equipos militares para detener a migrantes en territorio nacional, entre otras.
De acuerdo con el informe “La militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes”, la militarización del país se concreta poco a poco en el sexenio a través de una formación militar de los trabajadores del INM, lo cual ha originado el uso de fuerza indebida en las detenciones.
También por la capacitación del INM indebida a militares en temas de control y verificación migratoria, el empleo de tecnologías de videovigilancia para el reconocimiento del terreno y recopilación de datos biométricos por parte del INM para transferirlos a gobiernos de otros países, así como el asesoramiento, la entrega de Estados Unidos a México de tecnológica y recursos económicos para el control de migrantes.
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En el documento presentado por el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) y el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se incluye una serie de recomendaciones para evitar y corregir la militarización del INM, entre ellas erradicar la presencia de las Fuerzas Armadas de puntos de revisión, aduanas y espacios de control fronterizo. Para lograrlo, el Ejército y la Marina deben cesar todas las tareas de control y verificación migratoria.
Verificar la modificación de la Ley de la Guardia Nacional respecto a las atribuciones del personal; examinar las funciones y procesos de la institución en todos sus niveles de manera escrupulosa y detallada.
“Restringir las facultades del INM a acciones de control y verificación migratoria y facilitación de los procesos de regularización migratoria. Lo cual implica limitar su actuar a cuestiones meramente administrativas, como el registro de la entrada y salida de personas en el país, y técnicas, como los procedimientos de regularización migratoria”.
Generar pautas y controles en el marco normativo para tener civiles al interior del INM con grados de especialización en derechos humanos, implementar controles internos y externos de actuación simultánea.
“Generar mecanismos de evaluación de los procedimientos y el actuar de los funcionarios del INM, desde un marco de derechos humanos y a partir de las funciones y responsabilidades alineadas a la CPEUM y los tratados internacionales, así como transparentar dichos procedimientos. Lo que incluye sistemas verificables de registro, documentación, monitoreo y evaluación de las prácticas de cada procedimiento realizado por los agentes del instituto”.
Crear perfiles para los puestos, en los cuales se especifiquen: requisitos, responsabilidades y funciones adecuadamente definidas, desde un enfoque de derechos humanos y en apego a las facultades descritas en la Ley de Migración y su reglamento.
Establecer organigramas y manuales de operación claros y actualizados según funciones específicas, así como hacer efectivos los medios para la rendición de cuentas de los mandos del INM.
