Ciudad de México, 22 abr. (AMEXI).- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló las reformas a las leyes de Amnistía y de Amparo, con 19 votos a favor y 14 en contra, en ambos casos.
Los diputados aprobaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, que plantea que el Ejecutivo federal pueda otorgar, de manera exclusiva, el beneficio de la amnistía de manera directa y extinguirá las acciones penales impuestas.
Ello, sin estar sujeto al procedimiento establecido, cuando las personas reúnan elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.
Además, cuando en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o estén sentenciadas por cualquier delito.
La diputada del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, explicó que esta reforma tiene la finalidad de evitar trámites burocráticos y dar a la ciudadanía el derecho a saber la verdad sobre acontecimientos relevantes para el país.
Por su parte, el diputado del PAN, Guillermo Octavio Huerta Ling, dijo estar en contra de la minuta porque es otorgar impunidad, perdón y olvido a delincuentes y a corruptos.
A su vez, el también panista Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez indicó que con estas modificaciones se amplía la capacidad del Ejecutivo federal para dar amnistía en todos los delitos, lo cual representa una “absoluta locura”.
También fue aprobada la Ley de Amparo
Por otra parte y sin modificaciones a la minuta del Senado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Amparo.
Así, las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo limita a los jueces conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o los Congresos estatales.
El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz, afirmó que esta reforma es el comienzo de una transformación judicial y un apéndice que busca una real división de poderes.
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Ello, para que los jueces no tomen una atribución que es única de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que es suspender con efectos generales una norma general cuando un poder demanda a otro poder la inconstitucionalidad de una legislación.
En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Fernanda Félix Fregoso, indicó que esta reforma da permiso a las autoridades a vulnerar derechos y generar abusos de autoridad.
Aseguró que estas adecuaciones quitan al Poder Judicial la facultad de decisión, lo cual deja desamparada a la ciudanía.
Por su parte, la diputada panista Paulina Rubio Fernández expuso que esta adecuación normativa elimina un párrafo del artículo 129.
La oposición considera que se limita al Poder Judicial
Este indica que “el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”, por lo que se limita al Poder Judicial para que pare a la autoridad cuando contraviene con el interés social.
Mientras, la priista Sue Ellen Bernal Bolnik dijo que la reforma planteada transgrede el principio de progresividad, ya que los jueces jurisdiccionales no podrán decretar la suspensión de leyes generales reclamadas en un juicio de amparo cuando su entrada en vigor pueda traer prejuicios de orden social.
El representante de los diputados de Morena, Hamlet García Almaguer, subrayó que esta adecuación constitucional es un paso hacia la próxima reforma judicial, la cual será de gran calado al permitir tener un Poder a la altura de las necesidades del país.
En su turno, el panista Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez argumentó que con esta modificación se desmantela la República y da vuelta atrás de lo construido con la división de poderes.
La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, aseguró que el dictamen es regresivo y agresivo para la ciudadanía, al alejarla cada vez más de la posibilidad de defensa de abusos de autoridad y corrupción.
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