Gerardo Carmona Moreno. Corresponsal
Toluca, Edomex., 4 may. (AMEXI).- Trabajadores del Gobierno del Estado que fueron despedidos por denunciar irregularidades en el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y Municipios (SUTEYM), denunciaron por segunda ocasión al secretario general Herminio Cahue Calderón, por reformar los estatutos del organismo para perpetuarse en el cargo.
El tema es que el martes pasado, el SUTEYM entregó de manera oficial a la gobernadora Delfina Gómez el Pliego Petitorio de Convenio de Prestaciones 2024 e incluso se sacaron la foto ambos y la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García; así como la oficial mayor, Trinidad Franco Arpero, pero éste podría carecer de validez, ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal no le ha dado la toma de nota, por la demanda interpuesta, porque esa instancia está revisando el tema.
Yuri González Vargas, empleada del gobierno del Estado de México y exdelegada sindical, explicó que los periodos de las mesas directivas eran de cuatro años, pero cuando él terminó su primer periodo, en complicidad con la administración de Alfredo Del Mazo, reformó los estatutos para abrir la posibilidad de una reelección sin cumplir con el debido proceso de consultar ante una amplia asamblea. Transcurrió su segundo periodo y en octubre de 2023 volvió a reformar el documento para acceder a un tercer periodo.
“Los periodos duraban cuatro años. Cuando entra el actual secretario general, Herminio Cahue Calderón, modifica el estatuto, pero sin cumplir con el debido proceso. Debía hacerse una consulta a la base, pero no se hizo para que él continuara en el cargo y apoyar desde el organismo cuestiones políticas”.
“Se impugnó esta primera ampliación del mandato, pero se ocultó información y no se le dio trámite. Terminaron el segundo periodo de ampliación de su mandato, es decir, cuando sumó ocho años en el cargo, y en octubre de 2023 realizó otra reforma estatutaria en la que ahora se permite ampliar una administración hasta por tres periodos”, explicó González Vargas.
“No hay convocatoria, no hay registro de planillas, no hay participación de la gente ni se dan los cursos que había para poder contender por la Secretaría General. Sólo se dieron para gente allegada a él, lo que bloqueó cualquier participación de otros grupos”, aseveró.
Precisó que la demanda fue interpuesta en noviembre ante el Tribunal de Conciliación y el pasado mes de marzo se le notifica al sindicato y en el mismo mes se les notifica que no le es otorgada la toma de nota, porque carece de legalidad y se solicita que dé una explicación del proceder irregular con la que se realizó la reforma a los estatutos.
Yuri González Vargas aseguró que a partir de estos eventos, ella fue separada sin aviso como sindicalista y delegada sindical, y el sindicato la acosó:
“Cuando entraba a las instalaciones del organismo me ponían a gente de Seguridad que me vigilara y un fotógrafo para registrar lo que hacía. En la asamblea de octubre de 2023 fuí expulsada públicamente y nunca me dieron garantía de audiencia”, denunció. Está a la espera de la resolución final del Tribunal para solicitar su reinstalación en el sindicato.
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