Ciudad de México, 6 jun. (AMEXI).- Establecer leyes en materia alimentaria no es un capricho ni una moda, sino un tema de derechos humanos, expuso Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta del Senado de la República.
Sólo con ese carácter se puede materializar el derecho de acceso a la alimentación, que en la actualidad es la «desigualdad más brutal que existe en el mundo», sostuvo al participar en la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de Todas y Todos, que se celebra en Madrid, España.
Destacó además la importancia de promover en las agendas de los integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe el tema de la soberanía, la protección de la biodiversidad, y el respaldo a los pueblos indígenas y comunidades rurales.
Reconoció que son tiempos convulsos que han hecho muy difícil la Agenda 2030 de la ONU para atender la problemática como el cambio climático, garantizar agua, alimentos y el control de la inflación.
Ana Lilia Rivera admitió que los parlamentarios han apostado por un enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas, coincidente en que la seguridad alimentaria no es sólo un problema de falta de alimentos, sino de desigualdad en su distribución, desperdicio y acceso a recursos para producirlos de forma sostenible.
La senadora mexicana recordó que en 2011 se reconoció en la Constitución Política de México el derecho a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, lo que impuso al Estado la obligación de consolidar ese derecho, y con lo que el Congreso de la Unión avaló la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
Dicha norma tiene el propósito de proteger, respetar el derecho a la alimentación y los otros que de emanan, como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, el interés superior de la niñez y el enfoque de género, agregó.
