Gerardo Carmona. Corresponsal
Toluca, Edomex, 2 jul (AMEXI).- Este martes se realizó en la capital del Estado de México el tercero de los Foros Regionales para la Reforma del Poder Judicial, con el tema “Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial”, donde, aunque hubo disertaciones de expertos y académicos al respecto, la mayoría de las participaciones fueron de legisladores federales.
Los roces iniciaron temprano. Tras la participación del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi, que dio sugerencias enfocadas al respeto a la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales estatales y evitar meter en el centro de la discusión a la austeridad y más bien ver cómo subsanar las carencias y enormes cargas de trabajo que tienen en los Poderes Judiciales de las entidades, el senador Ricardo Monreal le contestó y se enfocó en exhibir los beneficios salariales y prestaciones que actualmente tienen los juzgadores en el país, incluso cuando ya se han retirado.
Como el pagos de salario, de unos 300 mil pesos mensuales, al 100% los dos primeros años del retiro, y al 80% posteriormente y de por vida; aguinaldos, seguros de vida para ministros y su cónyuge, pagos por defunción, por riesgos, primas vacacionales, personal de apoyo, vehículos blindados, entre otras prestaciones.
Monreal advirtió que la reforma va, pero también para los Poderes Judiciales de los estados. Los diputados locales tendrán 180 días para armonizar sus leyes locales con la reforma, una vez aprobada. “Para nosotros, la austeridad sí es un deber, sí es una política de estado, indicó el senador, “es decir, señor presidente del Tribunal, aquí en el Estado México, la austeridad es también para ustedes”, sentenció.
En esta intervención informó que la elección de mil 600 jueces costará entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos, por única ocasión, pero este monto podría tomarse de los 23 mil millones que tienen los fideicomisos del Poder Judicial que se pretenden extinguir.
Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Federal, también fue claro en señalar que la elección de jueces y magistrados no está a discusión y será parte de la reforma.
Indicó que se respetarán plenamente los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial y que fuera de esos temas, es necesario que se dialogue la propuesta, pero insistió que de los 14 fideicomisos, 13 están fuera de ley.
“Vamos a debatirlo porque tenemos que ajustarnos a lo que establece el 127 Constitucional, tenemos que garantizar que la Ley de Remuneraciones, que de alguna manera reglamenta lo que establece el 127, garantice que ningún servidor público en el ejercicio de su cargo, de su desempeño, gane más que el Presidente de la República, venimos a dialogar, estamos abiertos, es la disposición, es la voluntad política de nuestro movimiento, impulsada por Claudia Sheinbaum”, aseveró.
En tanto, los diputados Gerardo Fernández Noroña y Reginaldo Sandoval Flores también coincidieron en que los ponentes no deben darle vueltas al asunto y entender que la reforma se decidió el pasado 2 de junio. “Yo sostengo que no es una reforma al Poder Judicial, que es una Revolución y la revoluciones son un poquito brusquitas, entonces oponerse a ello es ocioso”, indicó Noroña, quien pidió a los ponentes a que mejor se concreten a hacer propuestas que mejoren el dictamen que se armará en el Congreso.
En este sentido, Reginaldo Sandoval puso en contexto que sí es posible ajustar el gasto, al señalar que el Poder Judicial Federal tiene al año un presupuesto mayor a los 78 mil 327 millones de pesos, que corresponde a la mitad de lo que tienen sus homólogos estatales en todo el país, pero ellos resuelven tres veces más casos que el federal.
Ejemplificó también el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “La Suprema Corte, sólo los 11 ministros, tiene un presupuesto cinco mil 787.2 millones de pesos, si divides este presupuesto entre los 11 ministros le toca 526 millones 109 mil 090 pesos, si lo divides entre los 365 días del año, contemplando sábado y domingo, les toca gastar un millón 441 mil pesos diario, ¿saben en qué se gasta todo es?, no saben”.
Por su parte, la oposición tuvo pocas intervenciones en el foro. El senador panista Damián Zepeda pidió que la reforme sea más completa, una reestructura real al Poder Judicial y no enfocarse sólo al nombramiento de jueces y ministros. Sumar a la discusión a la procuración de justicia, principalmente en los estados, donde 9 de cada 10 mexicanos no denuncia por miedo, por desconfianza a las autoridades.
“Tendríamos que aspirar a una justicia mucho más ágil, más rápida, mucho más barata para el ciudadano, para el gobierno, justicia más accesible, de más fácil acceso y Justicia de mayor calidad. Mi pregunta concreta es ¿esos temas los aborda esta reforma, mi respuesta es no”.
Melissa Vargas, diputada del PRI, también tomó la palabra para hablar de la elección de jueces y ministros, que, dijo, es el corazón de la reforma y dejó en la mesa de la discusión varias preguntas para que las contesten en los debates del Congreso federal, como si la solución para erradicar la corrupción es la elección de cargos.
¿por qué no hacerlo con los gabinetes de presidentes y gobernadores también o a los fiscales?, ¿cómo se va a evitar la injerencia del crimen organizado en la elección de jueces y magistrados?, en el contexto en que se dio la elección pasada en varias partes del país en donde los delincuentes hasta impusieron candidatos.
¿Qué va a pasar con quienes tienen años de estudio para ingresar o continuar en la Carrera Judicial? ¿Cuáles son los filtros que se pondrán para que los grandes inversionistas y empresarios no incidan en poner dinero para campañas y poner así juzgadores a modo?
El próximo 9 de julio continuarán estos foros de consulta en Chiapas, el 12 en Veracruz, el 23 en Puebla, el 30 en la Cámara de Diputados, el 6 de agosto en Saltillo, Coahuila, y el 8 en Culiacán, Sinaloa.