Toluca, Edomex, 8 de jul. (AMEXI).- El Sistema DIF Nacional entregó este lunes las llaves de acceso a la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a representantes de los poderes judiciales del país, con lo cual los jueces podrá verificar el cumplimiento de las pensiones alimentarias.
En una ceremonia realizada en la Escuela Judicial del Estado de México, que encabezó la titular del DIF Nacional, Nuria Fernández Espresate, se precisó que los tribunales estatales podrán ingresar registros de personas que no han cumplido el pago de estas pensiones.
Este registro es público, gratuito, digital y nacional, por lo que los datos del deudor no constituyen información confidencial. La inscripción en este registro será producto del incumplimiento de pensión alimentaria que haya sido decretada por un juez, y tendrá como efecto la inhabilitación de algunos derechos por parte de deudor.
Quienes ahí aparezcan no podrán tramitar licencias para conducir, ni pasaportes o cualquier documento de identidad de viaje; tampoco accederán a cargos públicos, ni de elección popular, ni podrán participar o ser candidatos a jueces o magistrados federales o locales.
Asimismo, no podrán realizar trámites con notario por la compra-venta de bienes inmuebles o derechos reales, no podrán salir al país, salvo que entreguen una garantía suficiente, y el juez del Registro Civil hará del conocimiento de los cónyuges si alguno está inscrito en el registro.
El procedimiento que debe seguir un juez para hacer la declaratoria de persona morosa a un deudor y el plazo que tendrán para que así se determine serán potestad de los Poderes Legislativos o Judiciales de los estados determinarlo.
Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un plazo de 90 días, a partir de la sentencia para que una persona sea declarado morosa.
El registro tendrá tres modalidades de consulta pública. El primero, cualquier persona podrá tener acceso para consultas sólo con teclear el nombre de la persona morosa, en esta modalidad na más aparecerán el nombre completo del moroso, su CURP, RFC, el plazo de pago de la pensión y el juzgado que ordenó la inscripción.
La otra forma es el acceso directo para los Tribunales, y una tercera de acceso directo con datos estadísticos, sólo para las Procuradurías de Protección a la Niñez. Ahí también se podrán imprimir certificados de no adeudo, que serán requeridos por diversas autoridades para la realización de trámites.
Titular del Sistema DIF Nacional exhorta a los jueces a no permitir la morosidad
La titular del DIF Nacional, Nuria Fernández Espresate, hizo un llamado a los jueces en materia Familiar en el país a que los juzgados dejen de ser “un lugar con tanta morosidad en el pago de deudas alimentarias”.
Dijo que apoyar a las mujeres es el primer eslabón del Sistema de Cuidados (que está en proceso de construcción en el país), y añadió que los diputados federales ya emitieron el decreto de reformas en materia de pensiones alimentarias.
La funcionaria federal, detalló que el DIF Nacional ya realizó este registro nacional, y que ahora los tribunales deben emitir sentencias al respecto de manera más expedita y alimentar esta plataforma.
En el evento, el director de asuntos Jurídicos del DIF, Alejandro Cárdenas Camacho, señaló que actualmente se desconoce la cifra exacta de deudores alimentarios en el país y no hay estadísticas tampoco respecto a la cantidad de juicios que hay en la materia y en cuantos se ha logrado cumplir el mandato judicial de que se paguen los montos adeudados.
“Con la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tendremos una herramienta valiosa para empezar a generar estadísticas en la materia y construir políticas públicas a nivel nacional”, precisó.
Necesario apoyar con recursos para implementación del cambio en justicia familiar
El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, reconoció al DIF Nacional por esta iniciativa y señaló que constituye un claro ejemplo de una política pública efectiva y de Estado, que implica a los ámbitos federal y estatal para combatir el grave fenómeno del incumplimiento de la ley.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal destacó la importancia de fortalecer con recursos financieros para la implementación de estas acciones que marcan grandes cambios en materia de lo Familiar en el país.
El magistrado Ricardo Sodi indicó otros cambios han sido apoyados por la federación en materia financiera como fue cuando se instauró el modelo de justica penal acusatoria y oral en el país, cuyos casos representan entre el 8 y 10% de carga para los tribunales.
O cuando se implementó un nuevo modelo de justicia laboral nacional, que este tipo de justicia representa máximo un 4% de la carga de trabajo, concluyó.
