Jesús Mejía. Corresponsal
Mérida, 13 jul (AMEXI).- La aplicación de la ley de protección animal con privación de la libertad hasta por diez años del calesero que el pasado domingo golpeó y maltrató a un caballo y la suspensión de ese tipo de transporte destinado a los turistas, demandaron representantes de organizaciones sociales.
En el emblemático Monumento de la Patria del Centro Histórico de esta ciudad, asociaciones protectoras de animales expresaron con carteles, mantas y consignas su indignación hacia ese caso de maltrato al equino, utilizado como parte de un servicio de paseo a los visitantes.
Elsa Arceo, de la agrupación Rescatistas Independientes Unidos, organizadora de la concentración, expuso que desde 2015 a la fecha las organizaciones del estado han documentado unos 25 casos de violencia y maltrato a caballos de calesas que operan en Mérida, Izamal y Valladolid.
Por esa razón, dijo que los defensores de los derechos de los animales exigen a las autoridades suspendan ya ese tipo de actividades y que el caso del agresor del equino del domingo pasado no quede impune.
Expuso que para las organizaciones defensoras es insuficiente la medida tomada por la Unión de Conductores y Propietarios de Carruajes de Yucatán de suspender al operador responsable del maltrato, ya que se debe aplicar, dijo, las sanciones previstas en la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, recientemente reformada.
Informó que una vez que reúnan los datos correspondientes como el nombre del responsable y los detalles de los hechos consignados por un ciudadano levantarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estada para que se actúe contra el agresor, el cual, dijo, “es un peligroso psicópata en potencia”
Los manifestantes, entre ellos Addy Angulo, de Conciencia Animal México, y otros asistentes extendieron mantas para exigir alto a las torturas a caballos y pedir a los turistas que ya no utilicen ese tipo de servicio que sólo implica una forma de maltrato y explotación a los equinos.
Irving Mena, también activista, expresó que los caballos que son utilizados para el traslado de turistas son obligados a permanecer en las calles bajo el inclemente sol y en medio del intenso calor o bajo la lluvia sin protección alguna, además de que los someten a intensas jornadas de trabajo.
Expuso que el ex alcalde Renán Barrera Concha puso en operación en 2022 seis calesas eléctricas, las cuales quedaron en desuso y dejaron de prestar servicio, permitiendo el retorno de las carretas tradicionales jaladas por caballos.
Mérida ya no es blanca, sino es roja porque continúan los casos en el estado de Yucatán de maltrato, agresión y muerte de caballos en los llamados torneos de lazo, donde son destripados por los toros, lo que forma parte de usos y costumbres que, dijo, deben ser erradicados en las comunidades.
Recordó que en 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió una recomendación para prohibir el ingreso de niños y niñas a dichos torneos de lazo, ya que representan un impacto psicológico capaces de provocar traumas.
Al respecto, el alcalde de Mérida, Alejandro Ruiz Castro, expresó en entrevista su indignación por el maltrato del que fue objeto el equino utilizado para paseos turísticos y dijo haberse comunicado con el líder de los caleceros, Eduardo Echeverría. quien confirmó la expulsión del responsable del gremio de caleseros.
Los hechos quedaron en un video grabado a un costado de la iglesia de Santa Ana en la calle 45 por 60, cuando el calesero agredió al animal que no quería avanzar.
«Condenamos el hecho, siempre hemos estado comprometidos con la protección animal, estamos en contra del maltrato, desde el primer minuto que tuvimos conocimiento de ese hecho a través de las redes sociales instruimos a las áreas correspondientes del Ayuntamiento de Mérida para que se inicien las investigaciones correspondientes», dijo el funcionario.
Adelantó que serán los jueces cívicos calificadores de la Unidad de Protección Animal de la Policía Municipal quienes, previo proceso que se lleve a cabo con el presunto infractor, determinarán las sanciones administrativas correspondientes.