Gerardo Carmona. Corresponsal
Toluca, Edomex, 16 jul (AMEXI). Tras la determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de que sean las autoridades del Cefereso Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, las que decidan si Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, sea o no trasladado a un hospital privado para recibir atención médica especializada, su familia aseguró que de tomarse una decisión para que el expolítico sea tratado fuera de las instalaciones penitenciarias cubrirán los gastos del tratamiento.
En una sesión extraordinaria, este tribunal declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la defensa del exgobernador poblano, quien aseguró que en este penal se le ha negado atención médica adecuada.
Argumentó que requiere tratamiento urgente debido a una resonancia magnética que se le hizo en el Hospital “Adolfo López Mateos”, de Toluca, la cual mostró problemas en su estado que necesitan ser atendidos de inmediato por un especialista en neurocirugía.
El magistrado Humberto Venancio Pineda señaló que la suspensión de plano otorgada inicialmente era genérica, y propuso matizarla para que las autoridades penitenciarias puedan tomar decisiones específicas sobre el tratamiento médico de Marín, sin establecer lineamientos concretos, lo que fue respaldado por los magistrados Ricardo Paredes Calderón y Raúl Valerio Ramírez.
Ante esto, las autoridades penitenciarias federales deberán valorar si el poblano realmente necesita del tratamiento, si se revisan las condiciones de seguridad que tiene y la posibilidad de trasladarlo a un hospital para que le realicen estudios y tratamiento, si es el caso.
En 2021, Mario Marín fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero, y trasladado a Quintana Roo, donde fue informado de su acusación por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
La orden de aprehensión fue emitida en abril de 2019 por la magistrada María Elena Suárez, del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito y fue en septiembre del 2023 cuando las autoridades penitenciarias determinaron trasladar al exgobernador al Penal del “Altiplano”, en el Estado de México.
