Ciudad de México, 20 jul (AMEXI).- En caso de que se apruebe la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador significará una grave regresión a la impartición del Estado de Derecho en México, pues someterá la justicia, aniquilará la división de poderes y ahuyentará inversiones, cuyas graves consecuencias las sufrirán los ciudadanos aseguró la organización civil Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER).
El presidente de la institución sin fines de lucro, Rafael Lara Liy, exhortó a quienes conformarán la próxima legislatura del Congreso de la Unión a que valoren y escuchen las aportaciones y testimonios de especialistas y funcionarios en materia judicial que surgieron en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma del Poder Judicial.
Ello, con la finalidad de aplicar las correcciones necesarias a la iniciativa presidencial, pues de lo contrario las consecuencias serán históricas para el país.
El doctor en Derecho por la UNAM, dijo que, si bien es claro que existen áreas de oportunidad para mejorar el Poder Judicial como parte de una estrategia integral en el sector público, «es ineludible que los cambios deben privilegiar la justicia, el conocimiento, el bien común y la seguridad jurídica, lejos de revanchismos políticos o, incluso, ocurrencias».
“Históricamente México ha enfrentado un endeble Estado de Derecho; es claro que siempre será oportuno fortalecer la impartición de justicia en los términos que marca la Constitución, como parte de las medidas para revertir el alto índice delictivo que existe en el país, por ejemplo.
“Pero la propuesta de que ministros y jueces sean elegidos por voto popular va totalmente en sentido contrario, pues es claro que los impartidores de justicia favorecerán a quienes los apoyaron en su campaña electoral”.
En este sentido, refirió que los que tienen capacidad financiera e interés por tener al poder judicial de su parte son precisamente los integrantes del crimen organizado.
Además, la hegemonía política y social que hoy en día ostenta MORENA constituye otro grave riesgo si los impartidores de justicia son elegidos por voto popular.
“Tras las elecciones del pasado dos de junio, MORENA y sus aliados políticos gobernarán 24 de las 32 entidades federativas del país, en donde viven tres cuartas partes de la población mexicana, un escenario muy similar al que prevaleció con el PRI; ante dicho panorama ¿Qué movimiento político tendrá el poder para colocar e impulsar a determinados candidatos a magistrados o jueces?
«La respuesta es obvia y el riesgo aquí es que no habría contrapesos legales frente a cualquier medida que quiera aplicar la autollamada Cuarta Transformación, ya sea a nivel local o federal, pues tendría en sus manos al Poder Judicial en caso de una arbitrariedad o ilegalidad; en otras palabras ¿Qué contrapeso habría en caso de una controversia constitucional?”, alertó el especialista.
E presidente de RAUDER afirmó que el Poder Judicial se podría convertir en una oficina de partes ante el poder político que hoy en día ostenta MORENA, en detrimento, irónicamente, de los ciudadanos.
