Ciudad de México, 30 jul. (AMEXI).- La pregunta actual es: ¿se debilitará el Poder Judicial con la creación de un nuevo órgano administrativo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador?, pues, de acuerdo con expertos de la UNAM, sí se corre ese riesgo entre otros que se describen más adelante.
Los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han organizado en esta casa de estudios Foros sobre la Reforma Constitucional en Materia de Justicia, en donde han coincidido en que dicha propuesta debilitaría la independencia de este poder.
Asimismo, que facilitaría responder a preferencias partidarias y políticas, y el gobierno tendría a los jueces “agarrados por donde más duele: el aspecto económico”.
La iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para reformar al Poder Judicial busca que los jueces y ministros se elijan por voto directo y una reestructuración del sistema que administra este Poder de la Unión.
Para ello, propone eliminar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y crear, en su lugar, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Plantea cambios a los artículos 94 y 100 de la Constitución para que la administración del Poder Judicial, la carrera judicial y el control interno estén a cargo del Órgano de Administración Judicial, mientras que el área de disciplina y sancionatoria a jueces magistrados y ministros sean vistos por el Tribunal de Disciplina Judicial.
¿Qué le preocupa a los expertos?
Lo que preocupa a los expertos y se planteó en el foro es la creación del Órgano de Administración Judicial, ya que sus integrantes serán propuestos por otros poderes: uno por el Senado, otro por el Ejecutivo y tres por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La jefa del Sistema de Universidad Abierta, Irene Emilia Trejo Hernández, agregó que este órgano se encargaría de nombramientos y formación de jueces, de la creación de nuevas instancias jurisdiccionales y del manejo del presupuesto, separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, no se especifica el perfil de quienes lo conformen; sus decisiones serían inatacables y podrán controlar el presupuesto como “una mordaza”.
Ulises Leonardo García Vázquez, de la FES Acatlán, coincidió en que podrían formarlo quienes tengan afinidad política y no necesariamente la capacidad para juzgar objetivamente y agregó que en el manejo del presupuesto se debe priorizar el fortalecimiento del sistema judicial, pues actualmente hay cerca de 4.1 juzgadores por cada 100 mil habitantes, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda 18.
Eduardo Esquivel Jasso, de la FES Aragón, remarcó que la carrera judicial y no otro mecanismo debe ser usado para aspirar a los cargos más importantes de la función jurisdiccional.
En tanto, Josafat Cortez Salinas, de Ciencias Políticas y Sociales, explicó que la reforma propuesta “es una amenaza a la gobernanza de este Poder, a la administración de sus recursos materiales y humanos” y resta relevancia a la presidencia de la SCJN.
Añadió que ese órgano no tendrá injerencia en la disciplina sobre los integrantes del Poder Judicial, facultad que se le transfiere al Tribunal y consideró que se debe revisar la carrera judicial creada ya que existe nepotismo.
Miguel Alejandro López Olvera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, indicó que no se garantiza la buena administración, independencia, imparcialidad, defensa, técnica adecuada y el debido proceso.
Rosa Carmen Rascón Gasca, secretaria Académica y profesora de la Facultad de Derecho (FD), dijo que la Cámara de Diputados deberá realizar una labor digna y Mario Ernesto Rosales Betancourt, de la FES Acatlán, planteó que con esta propuesta habrá un exceso de jueces de consigna, que reducirá medios de defensa contra los abusos del poder del gobierno.
Finalmente, Daniel Márquez Gómez, investigador del IIJ, consideró que el proyecto de reforma ya está impactando a la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y demandó, que desde la institucionalidad encontremos respuestas a los problemas del ejercicio del poder “la gobernanza exige horizontalidad, que todos seamos tomados en cuenta”.
