Ciudad de México, 2 ag. (AMEXI).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen acerca la ley general en materia de austeridad republicana, que incluye candados para que la remuneración de magistrados y jueces no sea mayor que la del presidente de la República.
El dictamen se aprobó en lo general por unanimidad y faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de austeridad republicana.
La reforma propuesta modifica los artículos constitucionales 73, 94, 116, 122, 127 y 134.
Asimismo, estipula que la remuneración que por sus servicios perciban ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor que la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, y no será disminuida durante su encargo.
Además, se determina que la remuneración integral del presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Hace mención que no forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas.
Los candados
Entre los candados al aumento de las percepciones, se indica que no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de bienes o servicios innecesarios, ni jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva.
También agrega esos candados a las cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
En los transitorios se señala que las remuneraciones de las personas servidoras públicas que al momento de la entrada en vigor del decreto sean superiores a la establecida para el presidente de la República deberán ajustarse a lo previsto en las fracciones I y II del artículo 127 constitucional, dentro de los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente al de su entrada en vigor.
Voces opositoras
Por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena destacó que el dictamen pone en orden la legalidad de las prestaciones a los servidores públicos.
No obstante, planteó que las acciones de austeridad deben ser parejas y para todos, e indicó que el presidente tiene un salario de 136 mil 739 pesos, pero no se toman en cuenta otras prestaciones que también tiene.
Entre esas prestaciones mencionó el fondo de seguridad social, de ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación y compensación garantizada más ayuda de despensa.
“Si se hace la suma total, el titular del Poder Ejecutivo tiene una remuneración de casi medio millón de pesos al mes”, detalló.
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Por su parte , la diputada de Morena, Flor Ivone Morales Miranda, resaltó que el objetivo de la iniciativa es establecer el principio de austeridad republicana como valor fundamental en la Constitución, y facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general en la materia.
Por su parte , la diputada del PRI, Cynthia Iliana López Castro se manifestó a favor de que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
Aclaró: “Me parece más justo que los maestros, obreros y de hospitales puedan ganar más y que no exista esa disparidad tan grande entre la gente que gana ocho mil o 12 mil pesos al mes mientras que un servidor público gana 10 o 12 veces más”.
