Ciudad de México, 6 Ago (AMEXI).-De aprobarse la reforma al Poder Judicial como está planteado, México tendría repercusiones negativas a nivel internacional, particularmente en el marco del Tratado México,Canadá, Estados Unidos (TMEC), aseguró el presidente del Instituto de Política Laboral A.C. (IPL), Rubén López Malo.
Explicó que “este cambio podría ser interpretado por nuestros socios comerciales de la región de Norteamérica como un incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Estado Mexicano en el Capítulo 23 del T-MEC, especialmente en cuanto a las garantías procesales pactadas en el artículo 23.10, punto 6, de ese acuerdo comercial”.
Explicó que la elección de jueces laborales por medio de voto universal y directo, podría afectar su imparcialidad e independencia por la intervención indebida de los poderes fácticos para tratar de impulsar a funcionarios judiciales que representen sus intereses.
Es por eso que la iniciativa de reforma presentada por el poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero debe analizarse bajo la premisa fundamental de que hasta ahora la alianza parlamentaria formada por los partidos políticos afines al régimen no tiene aseguradas las mayorías que van a necesitar en ambas cámaras del Congreso de la Unión para aprobar solos la reforma judicial.
Explicó que aún falta que el Instituto Nacional Electoral (INE) asigne las curules de mayoría y de representación proporcional que le corresponderán a cada partido y que, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones que ya se han advertido si hay excesos en la sobre representación legislativa.
“Por otra parte, no podemos dejar de notar que -si juzgamos con visión de estado- esta iniciativa de ley se antoja inoportuna e impertinente, ya que pretende pasar por alto dos reformas de gran calado, procesadas mediante el diálogo social y tomando en cuenta a los Poderes de la Unión y a los actores políticos más relevantes en su momento para cada tema, como fueron la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 11 de marzo de 2021 y la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero de 2017”.
Con respecto de la primera, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dijo el 15 de diciembre de 2021 -en su informe anual de labores- que “como resultado directo de este esfuerzo colectivo, tenemos una nueva carrera judicial basada en el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad”. No es recomendable dar un giro de timón tan pronto.
Y en cuanto a la reforma laboral recordó que esta fue fruto de un esfuerzo de años que inició con los Diálogos por la Justicia Cotidiana convocados desde finales de 2014 y que alcanzaron su culmen legislativo con la reforma al artículo 123 constitucional publicada en marzo de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo emitida el 1 de mayo de 2019, pero que además requirió de tres años para operar su entrada plena en vigor, con la instalación de los Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales del fuero común y federal.
En suma, una reforma al poder judicial que no estaba en la lógica del país, que surge intempestivamente por un impulso del titular del poder ejecutivo y que podría ser aprobada sin consensos por una sola fuerza política, sería una señal muy negativa tanto para los factores de la producción como para los inversionistas nacionales y extranjeros, abundó López Malo.
