Ciudad de México, 18 ago. (AMEXI).- La Fiscalía General de la República recibió una denuncia en contra del actual secretario de administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Javier Tapia Santoyo, por posibles hechos de corrupción con la empresa fantasma Interacción Biomédica.
Pero esta empresa, ¿tiene algo que ver con la viruela del mono, el covid-19, la gripe aviar, las vacunas o alguna investigación en salud?
Tapia Santoyo no ha emitido una declaración sobre los señalamientos; sin embargo, la organización sin fines de lucro TOJIL informó que el pasado 9 de agosto presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra del directivo, a quien acusó de adjudicar directa e ilícitamente cuatro contratos por un monto total de 6 millones 10 mil 272 pesos a la empresa fantasma Interacción Biomédica en 2018.
En un comunicado, explicó que al momento de adjudicar dichos contratos, “Tapia Santoyo tenía un claro conflicto de interés, pues no sólo era funcionario en el ISSSTE, sino también codirector de dicha empresa. Además, Interacción Biomédica estaba impedida para obtener contratos públicos al haber sido declarada empresa fantasma por el SAT desde 2017”.
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La denuncia también señala a los cómplices de Tapia Santoyo por el delito de asociación delictuosa y a la empresa Interacción Biomédica por lavado de dinero.
Cabe señalar que a finales de 2023 TOJIL también publicó la investigación “El Clan Biomédica: Negocios, Corrupción y Complicidades detrás de la Mayor Empresa Fantasma del Sector Salud”.
La red de corrupción
En dicha publicación dio a conocer “la existencia de una extensa red de corrupción conformada por funcionarios, individuos particulares y empresas (algunas de ellas fantasmas) que opera principalmente en el sector salud y que ha logrado obtener más de 3,390 millones de pesos de 19 entes públicos. Interacción Biomédica es la principal empresa fantasma de esta red de corrupción”.
Agregó que por sí sola ha recibido más de mil 613 millones de pesos del erario entre 2012 y 2019.
Señaló que Tapia Santoyo, extesorero del ISSSTE y actual secretario de administración del IPN, “es posiblemente el actor principal de dicha red de corrupción. Su función ha consistido en utilizar sus facultades públicas para ilícitamente adjudicar recursos -de forma directa o con competencia simulada- a empresas pertenecientes a dicha red de corrupción”.
Luego de esto, añadió, “finalmente sustraerlos y aprovecharlos para beneficio propio. Los contratos asignados ilícitamente tenían como objeto la adquisición de insumos hospitalarios básicos, equipo médico para atender riesgos cardiovasculares, material de osteosíntesis y tratamientos de quimioterapia”.
Mencionó que este caso evidencia que la corrupción es un problema social complejo y multifactorial que genera afectaciones tanto directas como indirectas. “Casos como éste son especialmente graves porque no sólo afectan el derecho de toda la sociedad a una correcta administración pública, sino también el derecho a la salud y la vida de las personas que dejan de recibir total o parcialmente servicios médicos de calidad”.
Por ende, la participación social, la publicidad y la transparencia de los procesos legales son indispensables para garantizar que estos casos sean debidamente investigados, procesados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación integral del daño.
