Ciudad de México, 10 oct. (AMEXI).- Los pendientes que el sexenio obradorista dejó al naciente gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de cultura son abundantes y abarcan diversas áreas, entre ellas fortalecimiento de las instituciones y de las políticas culturales, conservación del patrimonio, educación, investigación y apoyo a creadores, el presupuesto, por mencionar sólo algunos.
Pero sin duda, el adeudo mayor es lograr un presupuesto para el desarrollo de los proyectos y programas culturales sustantivos, salarios y condiciones laborales dignos para sus trabajadores, y para que creadores y población en general tengan garantizados sus derechos culturales.
“No hay dinero que alcance”, solía decir Rafael Tovar y de Teresa, tres veces presidente del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y fundador, en 2015, de la Secretaría de Cultura (SC), que sustituyó al organismo.
El argumento lo utilizaba para negociar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su propio presupuesto, y no a través de la Secretaría de Educación Pública, de la cual dependía. Sin embargo, a casi nueve años de existencia de la SC, las carencias presupuestales continúan.
Al contrario, se agravaron con la llamada “austeridad republicana”, así como por la crisis por el impacto del Covid-19 y los trabajos de recuperación del patrimonio cultural afectado por los sismos (al cual también le redujeron significativamente los montos para los seguros por daño).
La austeridad incluyó la desaparición de fideicomisos y fondos destinados al apoyo al cine, además que los exiguos estímulos y becas a la creación no se han incrementado en la medida en que crece la demanda por parte de artistas de todo el país.
Los recortes más brutales
Se debe enfatizar que a lo largo del sexenio se destinó la mayor parte del presupuesto al proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, al cual se le asignó entre los años 2021 y 2023 prácticamente una cuarta parte del total de los recursos del sector. En 2020 ejerció más del 12 por ciento y en 2024 sólo el seis por ciento, pero para finalizar las obras pendientes inauguradas hace unas semanas.
En 2020, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sufrió uno de los recortes más brutales, el 75 por ciento de su presupuesto, que afectó las labores sustantivas de investigación antropológica, histórica y conservación del patrimonio histórico, e incluso el arqueológico no relacionado con las zonas mayas.
Trabajadores e investigadores dieron cuenta en su propio diagnóstico, presentado ante los medios de comunicación, que en muchas de sus oficinas no había “ni para papel de baño”, fotocopias, viáticos para ir a trabajar en comunidades y zonas de monumentos del interior del país, y cuando lo hacían por su cuenta no les daban ni para gasolina.
Diríase que la compensación vendría en 2024, cuando del Ramo 48, que corresponde a Cultura, destinó al INAH el presupuesto más alto de su historia, 61.20 por ciento más del recibido en 2023.
Sin embargo, fue exclusivamente para la adquisición y, en su caso, mejora de terrenos y zonas con monumentos arqueológicos ubicados a lo largo de la ruta del Tren Maya, no para atender los rezagos ya transexenales de otras áreas.
Lista larga
Por décadas el especialista Carlos Villaseñor Anaya, fundador y presidente del Consejo Académico de Interactividad Cultural y Desarrollo, A. C., ha dado seguimiento al tema del presupuesto al sector. Y ahora da a conocer, en un texto publicado en su Facebook y compartido con esta Agencia, los retos para la nueva titular de la Secretaría de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza.
El primero, enfatiza, es involucrarse “profundamente” en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ramo 48. Éste deberá ser enviado a la Cámara de Diputados a más tardar en noviembre de este año para su discusión y análisis.
En seguida desglosa algunos temas impostergables:
Incremento en los capítulos 2000 y 3000 “para alcanzar los niveles de disponibilidad de los bienes y servicios necesarios” para el cumplimiento de las responsabilidades institucionales, así como para recuperar los rezagos de “conservación, mantenimiento y actualización” pendientes desde la pandemia.
Además, definir los requerimientos humanos, materiales y presupuestales para equipar y operar la nueva infraestructura cultural de Chapultepec; establecer mecanismos para lograr el pago oportuno de becas y estímulos a los creadores y hacer el sistema más transparente; “evaluar la conveniencia de restituir los fideicomisos que permitían la suma de recursos federales, estatales y, en su caso, municipales”.
Uno de los puntos a los cuales alude el experto en gobernanza cultural y políticas culturales que viene arrastrándose desde décadas atrás, y que incluso llegó a ser calificado por el también especialista en políticas culturales Eduardo Cruz Vázquez, director del Grupo de Economía y Cultura (Grecu), como una “bomba de tiempo”, es el de la basificación de los trabajadores por honorarios que pertenecen al Capítulo 3000.
“En paralelo -dice Villaseñor Anaya- se deberá revisar y convenir el reglamento interior de la Secretaría de Cultura, cuyo adelanto circuló en semanas recientes”.
Los retos siguen
Plantea la cuestión de cómo debe articularse administrativamente la SC para, “al mismo tiempo”, cumplir con los derechos culturales, coordinarse transversalmente con sus homólogas y en los otros ámbitos de gobierno.
Sobre el particular, añade la importancia de construir, desde ya, acuerdos para establecer cuál será la relación con la Federación, estados y municipios para “cumplir con las obligaciones Constitucionales y Convencionales de respetar, proteger y cumplir con los derechos culturales”. Asimismo, definir su relación con las organizaciones de la sociedad civil con fines culturales, desplazadas por la administración pasada.
Otras necesidades señaladas por el investigador son construir un sistema integral de acceso a la seguridad social, una política fiscal y de fomento empresarial para la economía de la cultura; un sistema de formación artística desde el nivel básico hasta la alta especialización; creación de una universidad autónoma de las artes, y retomar la participación en los organismos internacionales.
Al menos, por lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación artística será implementada en la educación primaria, un reclamo histórico de la sociedad.
