La prevalencia de corrupción entre ciudadanos y empresas mostró una ligera disminución en México, pero las cifras siguen siendo altas, especialmente en el contacto con autoridades de seguridad pública, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Personas víctimas de corrupción
En vísperas del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por Naciones Unidas el 9 de diciembre, cifras del organismo revelan que 8.9% de personas de 18 años y más residentes en áreas urbanas que realizaron trámites, pagos o solicitudes ante servidores públicos fueron víctimas de corrupción de enero a junio de 2025.
Este nivel es el más bajo desde el primer semestre de 2023 (8.8%) y se ubica por debajo del 10.9% registrado en el segundo semestre de 2024.
La incidencia fue mayor en hombres (10.2%) que en mujeres (7.9%).
Por su parte, en el contacto con autoridades de seguridad pública, la corrupción alcanzó al 45.2% de las personas adultas urbanas en el primer semestre de 2025.
La cifra es menor al 47.2% del segundo semestre de 2024 y al 45.8% del segundo semestre de 2023.
Por género, el impacto fue de 49.9% en hombres y 36.8% en mujeres.
Empresas víctimas de corrupción
El INEGI reportó que 169 mil 769 empresas, equivalentes al 3.5% del total, reportaron haber sido víctimas de corrupción en 2023.
Este porcentaje implica un incremento respecto al 2.8% en 2021, pero es menor al 4.0% en 2024.
Las empresas medianas fueron las más afectadas: por cada microempresa víctima, hubo 2.5 medianas en la misma situación.
Por sector económico (comercio, industria y servicios), no se observaron diferencias significativas en la prevalencia de corrupción.
Investigaciones y sanciones
Durante 2023, se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), con una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil servidores públicos.
A nivel estatal, Quintana Roo y Chihuahua encabezaron las tasas más altas, con más de 130 investigaciones por cada mil servidores públicos.
En el mismo año, dos mil 341 servidores públicos de la APF fueron sancionados, lo que equivale a 14.4 por cada 10 mil.
Estados de México y Campeche registraron las tasas más elevadas de sanciones, mientras que en Baja California Sur y Colima no se reportaron casos.
