La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) aclaró que los ahorros de pensión de los trabajadores mexicanos están protegidos, pese a la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, aprobada la víspera por el Senado de la República.
De acuerdo con el organismo, las inversiones de las Afores continúan bajo estricta normatividad y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Desde octubre de 2024, el régimen de inversión ya permitía ampliar hasta 30% los activos en instrumentos estructurados, sin que la nueva legislación modifique ese límite ni lo vuelva obligatorio.
Amafore subrayó que cada proyecto se evalúa de manera independiente por los comités de inversión de las Afores.
Además, el deber fiduciario es indeclinables: proteger los recursos de los trabajadores, garantizando seguridad y rentabilidad.
La nueva Ley, puntualizó, no habilita el uso discrecional de los ahorros, sino que establece un marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva se estructuren bajo reglas claras.
Las Afores invertirán únicamente en proyectos rentables, bien diseñados y que cumplan con los filtros técnicos y de riesgo, tal como lo han hecho durante 29 años.
El Senado aprobó el 7 de abril la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual permite canalizar hasta 30% de los fondos de las Afores (más de 6.0 billones de pesos) hacia proyectos gubernamentales como trenes y refinerías.
La normativa crea un modelo de inversión mixta con vehículos de propósito específico.
Banamex ve riesgos fiscales y opacidad
Por su parte, Banamex destacó que la nueva Ley de Inversión busca agilizar proyectos mixtos y redefinir el papel del Estado en la promoción de proyectos estratégicos.
Sin embargo, advirtió que la iniciativa se presentó en un contexto de presiones estructurales del gasto público, donde el margen fiscal es limitado.
Afirmó que la flexibilización de métricas fiscales y el uso de esquemas extrapresupuestarios podrían derivar en opacidad, acumulación de pasivos contingentes y debilitamiento de las finanzas públicas, lo que a su vez pondría en riesgo la credibilidad fiscal del país.
Obstáculos de fondo
Más allá de los riesgos fiscales, Banamex consideró que la reforma no atiende uno de los problemas más profundos de la inversión en México: la pérdida de confianza del sector privado.
Esta desconfianza se ha acentuado en los últimos años por el deterioro de la calidad institucional y el debilitamiento del sistema de contrapesos, añadió la institución en un análisis de su Departamento de Estudios Económicos.
Subrayó que, aunque la ley pretende dinamizar la inversión, podría tener efectos contraproducentes si no se fortalecen los mecanismos de transparencia y se recupera la confianza empresarial
