La falta de condiciones óptimas en infraestructura, seguridad y empleo formal limita la capacidad de las regiones del país para atraer inversión y retener talento, reveló la primera edición del Índice de Competitividad Regional (ICR) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El estudio confirmó que la competitividad es un fenómeno regional: los avances o retrocesos de un estado generan efectos de derrame sobre sus vecinos, lo que el Imco denomina «efecto de vecindad».
Obstáculos comunes
- Alta informalidad laboral, que restringe la atracción de talento.
- Caída en inversión extranjera directa, que debilita la llegada de capital.
- Inseguridad, que encarece la operación y desalienta la permanencia de empresas.
- Desigualdad salarial, que dificulta la retención de trabajadores calificados.
Resultados por región
- Noreste: se posiciona como la región más competitiva al encabezar tres pilares del índice. Su ecosistema integrado de infraestructura, mercado laboral y productividad la convierte en la más atractiva para empresas y talento.
- Noroeste: pese a registrar una de las mejores percepciones de seguridad, enfrenta la tasa más alta de homicidios (33.74 por cada 100 mil habitantes), lo que actúa como un «costo de frontera interno».
- Bajío: destaca por su innovación, con la mayor tasa de solicitudes de patentes, aunque su baja proporción de mano de obra calificada limita el impacto de este desarrollo.
- Centro: sobresale en cobertura escolar y formación de talento, pero enfrenta dificultades para retenerlo debido a la escasa renovación de vivienda y altos precios inmobiliarios.
- Istmo y Maya: mantienen rezagos estructurales en infraestructura energética y logística, con alta informalidad laboral y bajos niveles de exportaciones e inversión extranjera.
Brechas y propuestas
El Imco advierte que competir como región multiplica resultados y plantea tres líneas de acción:
- Empresas: crear hubs regionales de formación de talento que integren parques industriales y proveedores.
- Gobiernos estatales: coordinar agendas comunes para reducir informalidad, garantizar agua y mejorar acceso a salud.
- Gobierno federal: orientar incentivos hacia proyectos regionales vinculados al nearshoring, logística y formación técnica, condicionados a la creación de empleo formal.
