Ciudad de México, 2 sep. (AMEXI).- La reforma judicial no resolverá ninguno de los factores que inhiben el acceso a la justicia, inhibirá la inversión y abre la posibilidad de fortalecer a los grupos del crimen organizado y a los cacicazgos políticos, alertó la industria automotriz.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) afirmó además que la reforma al Poder Judicial, en proceso de discusión y posible aprobación en la Cámara de Diputados, harán más vulnerables a los grupos de población económica y socialmente más débiles.
Al fijar su posicionamiento sobre esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que la designación de jueces, ministros y magistrados por voto popular, lejos de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, profundiza la discrecionalidad de las decisiones, lo politiza y no define criterios objetivos para una adecuada selección de los perfiles requeridos.
Asimismo, apuntó, preocupa el debilitamiento de la carrera judicial en detrimento del profesionalismo, estabilidad laboral y, por lo tanto, imparcialidad e independencia de las y los integrantes del Poder Judicial.
Resaltó que la carrera judicial se ha convertido en garantía de especialización y capacitación de los juzgadores del país, constituyendo así un aspecto crucial del funcionamiento del sistema judicial mexicano y, sobre todo, un principio que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia.
Esto se ve gravemente en riesgo, de aprobarse la iniciativa de reforma en los términos planteados, subrayó la AMDA, que preside Guillermo Rosales Zárate.
«La elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular no resolverá los problemas que actualmente enfrenta el sistema judicial», sostuvo.
Agrava la injusticia
Por el contrario, agregó, las posibilidades de control del Poder Ejecutivo y de los grupos que ejercen de facto influencia, bien sea por el peso económico o el que se obtiene a través de la fuerza criminal, harán más grave la injusticia.
El organismo comentó que, si bien el actual sistema es imperfecto y es necesario reformarlo para mejorar, la destrucción institucional no es el camino para promover un estado superior de convivencia social.
Para el funcionamiento de las empresas, la reforma judicial en los términos que se plantea pone en riesgo la viabilidad de las inversiones y las deja en alto grado de vulnerabilidad ante el Poder del Ejecutivo.
Por ejemplo, en el ámbito fiscal, en el cual “ya hoy en día existe un profundo abuso de las facultades de control y verificación del Servicio de Administración Tributaria”, así como un mayor grado de dificultad para contar con garantías de imparcialidad en las legítimas controversias jurídicas, expuso.
