Ciudad de México, 2 sep. (AMEXI).- La reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos tendrá consecuencias de más largo plazo y efectos más profundos de los que tuvo la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) en Texcoco o el desmantelamiento del sector salud, advirtió la iniciativa privada.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que el apresuramiento del gobierno, junto con la poca disposición de escuchar la opinión de la oposición sobre sus acciones, sólo genera incertidumbre.
Además, confirma la preocupación de que, con la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las decisiones de las autoridades estarán supeditadas a las necesidades del gobierno y no necesariamente hacia el bienestar de la población.
En su publicación semanal «Análisis Económico Ejecutivo”, afirmó que poner “en pausa” la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por parte de la administración de López Obrador tras su opinión sobre la reforma judicial que se discute en México puede poner en riesgo la revisión del T-MEC.
Pero no sólo eso, diversos países que tienen inversiones en México pueden estar preocupados por el entorno de una débil seguridad jurídica que pudiesen enfrentar con las reformas propuestas, agregó el organismo de investigación y análisis del sector privado.
“Hay que tener en cuenta que la reforma judicial y la desaparición permanente de los órganos independientes tendrían consecuencias de más largo plazo que algunas otras decisiones durante el actual sexenio, como la cancelación del AICM o el desmantelamiento del sector salud, propiciando que los efectos sean más profundos”, subrayó.
El CEESP apuntó que el costo de las reformas propuestas sería importante si se considera que crecer a un promedio anual de 1%, como será este sexenio, no es lo mismo que hacerlo a una tasa de 3% o 4%, que podría lograrse con políticas públicas consensuadas y discutidas plenamente por todos los actores políticos.
“Minimizar las alertas de agencias valuadoras e intermediaros financieros internacionales, así como de posibles sanciones comerciales si Estados Unidos y Canadá abren controversias contra México en el marco del T-MEC, sólo deteriora el ambiente de confianza”, alertó.
