La explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa volvió a poner bajo la lupa la regulación del transporte de materiales peligrosos en México.
De acuerdo con el ingeniero en transporte y especialista en políticas públicas, Víctor Alvarado, si bien el país cuenta con un marco normativo amplio, los vacíos en la aplicación y supervisión de la ley siguen siendo el eslabón más débil.
“El transporte de combustibles y materiales peligrosos está regulado por el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y un conjunto de normas oficiales (NOMs), entre ellas la NOM-011-1-SCT-2-2022, sobre cantidades exceptuadas; la NOM-004-SCT2/2008, que define los sistemas de identificación; la NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2023, que regula la documentación; y la NOM-006-SCT-2-2023, que establece la revisión ocular diaria de las unidades”, explicó. A ellas se suma la NOM-052-SEMARNAT-2005, en materia de residuos peligrosos.
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Normas vigentes, pero con rezagos
Alvarado subraya que, aunque estas disposiciones están vigentes, muchas tienen más de cinco años sin actualización, cuando los lineamientos del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad indican que deberían revisarse periódicamente.
“El proceso de actualización es público, pero la participación de academia y organizaciones ambientales es baja, lo que limita la definición de prioridades”, advirtió.
Competencias fragmentadas
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece que la regulación del transporte de carga corresponde al ámbito federal, mientras que los gobiernos locales solo pueden acompañar con medidas operativas.
Esto genera un desfase: el Programa Integral de Movilidad 2019-2024 de la Ciudad de México planteaba fortalecer la regulación mediante la revista vehicular, pero esa atribución pasó a la federación con la entrada en vigor de la LGMSV.
“Existen normas que restringen la circulación de vehículos pesados en zonas céntricas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización en campo y de rutas claramente definidas, lo cual hoy presenta rezagos por la falta de armonización normativa”, precisó el especialista.
Corredores logísticos y coordinación pendiente
Para mitigar riesgos en zonas densamente pobladas, Alvarado propone establecer:
- Corredores logísticos con rutas obligatorias
- Restringir horarios de circulación —principalmente en horas pico y diurnas—
- Y delimitar zonas de exclusión para materiales peligrosos
Sin embargo, advierte que estas medidas solo serán efectivas si se acompañan de una mejor coordinación entre la federación y las ciudades.
“La fiscalización es competencia de la Guardia Nacional y la SICT, pero su capacidad de inspección es limitada.
”Las empresas deben garantizar seguros, mantenimiento y capacitación, pero sin supervisión efectiva, los vacíos terminan en tragedias, como vimos en Iztapalapa”, puntualizó.
El reto de la flota obsoleta
México enfrenta además un problema estructural: la antigüedad de su parque vehicular.
“La edad promedio de la flota es de 18 años, ocho más que el estándar de países de la OCDE. Renovar cuesta, pero es indispensable. Los GPS y sensores ayudan, pero de poco sirven en unidades obsoletas, sin mantenimiento ni seguros vigentes”, señaló.
En cuanto a la capacitación, aunque existen lineamientos, no hay un mecanismo que garantice su actualización ni que todos los conductores reciban formación real en manejo defensivo y respuesta a emergencias.
Entre la norma y la práctica
El especialista concluye que la tragedia en Iztapalapa refleja la brecha entre la norma escrita y la práctica:
“Tenemos leyes y protocolos, pero lo que falla es la supervisión, la aplicación efectiva y la inversión en seguridad.
”Sin una visión sistémica que integre vehículos, conductores y coordinación interinstitucional, las emergencias seguirán superando la capacidad de respuesta”.
