La prohibición de los vapeadores en México terminó por producir el efecto contrario al que buscaba: fortalecer al crimen organizado.
Lejos de desaparecer, el consumo se desplazó a la clandestinidad y dio origen a un mercado ilícito que hoy es explotado por cárteles con presencia nacional, de acuerdo con el reporte “Humo, Vapeo y Poder”.
El documento presentado por la organización Defensorxs sostiene que la restricción a la fabricación, venta y distribución de vapeadores traslada el control del negocio del Estado a organizaciones criminales.
Señala que estos grupos criminales ya operan el contrabando y la distribución mediante redes de extorsión y control territorial.
“El contrabando de cigarros y vapeadores dejó de ser una actividad marginal y se convirtió en una renta criminal estratégica”, indica el informe.
Según sus estimaciones, el mercado negro del tabaco y el vapeo genera entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año, recursos que alimentan la operación cotidiana de los grupos delictivos.
Lee: Diputados aprueban prohibir vapeadores y cigarros electrónicos – Amexi
La prohibición como detonante
El reporte de esta organización ubica el punto de quiebre en la prohibición constitucional de los vapeadores.
Se puntualiza que, en lugar de establecer reglas sanitarias, fiscales y comerciales, la política pública optó por la restricción total, lo que —según el análisis— eliminó cualquier control institucional sobre el mercado.
“La prohibición no eliminó la demanda; la empujó a circuitos clandestinos, donde el Estado ya no regula y el crimen impone sus propias reglas”, advierte el documento.
En ese entorno, los vapeadores que hoy circulan en el país carecen de controles de calidad, trazabilidad e ingredientes regulados, lo que incrementa los riesgos para la salud pública, además de los riesgos de seguridad.
Un consumo que no se detuvo
El informe cita estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) que muestran que el comercio ilícito de cigarros creció 240% en la última década en ocho ciudades del país.
En tanto que la proporción de consumo ilegal pasó de 8.5% en 2017 a 20.4% en 2023, pese a las restricciones.
Las ciudades con mayor presencia del mercado ilegal incluyen:
- Ciudad de México
- Guadalajara, Jalisco
- Monterrey, Nuevo León,
- Veracruz, Veracruz
- Mérida, Yucatán
- León, Guanajuato
- Hermosillo, Sonora
- y Durango, Durango
Se puntualiza que entre estas capitales coincide que hay una alta demanda, densidad urbana y presencia de redes criminales.
Para el reporte, estos datos muestran que la prohibición no modificó el comportamiento del consumidor, pero sí transformó la estructura del mercado.
Lee: Cáncer principal problema de salud pública. INCan señala que prevención es clave – Amexi
Extorsión y control del comercio
Uno de los ejes centrales del análisis es el vínculo entre vapeadores, tabaco ilegal y extorsión a pequeños comercios.
El informe documenta que los cárteles utilizan la venta de cigarros y vapeadores como mecanismo de control territorial para:
- Imponen marcas
- Fijar precios
- Y cobran cuotas a tiendas y vendedores ambulantes
“El mercado ilícito del tabaco funciona como una plataforma de control social, donde la violencia sustituye a la regulación”, señala el documento de Defensorxs.
Agrega que esta dinámica se sostiene en un contexto de impunidad casi absoluta y señala que se estima que 97% de los delitos asociados —amenazas, lesiones, extorsión— no reciben castigo.
Además, cerca del 97% de las víctimas de extorsión no denuncia, lo que permite la expansión del negocio sin consecuencias legales.
Rutas y logística criminal
El documento identifica rutas de tráfico que conectan puertos, carreteras estratégicas y cruces fronterizos como:
- Laredo
- El Paso
- Nogales
- Y Mexicali
Que son, además, los mismos corredores utilizados históricamente para otras actividades ilícitas.
El reporte advierte que esta infraestructura logística no sólo sirve para el contrabando de vapeadores, sino que fortalece la capacidad operativa de los cárteles para mover otras mercancías ilegales.
“El vapeo ilegal se integra a economías criminales más amplias, que combinan contrabando, extorsión y violencia”, señala el análisis.
La paradoja del control estatal
La conclusión del reporte es contundente: la prohibición de los vapeadores produjo una paradoja de política pública, ya que en nombre de la salud, el Estado renunció a regular y terminó cediendo el mercado al crimen organizado.
“El vapeo se convirtió en una fuente estable de financiamiento criminal, de bajo riesgo y alta rentabilidad”, indica el documento.
También subraya que estos recursos permiten a los cárteles mantener operaciones, corromper autoridades y expandir su control territorial.
Finalmente, señala que mientras no exista una estrategia integral que combine regulación, fiscalización y combate efectivo al crimen organizado, la prohibición seguirá produciendo humo, pero también poder, concentrado en manos de los cárteles y no del Estado.
