El cantante de corridos Gerardo Ortiz aceptó su culpabilidad en un cargo de conspiración relacionado con la Ley Kingpin, normativa que sanciona a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico internacional.
Su declaración se hizo pública este martes, cuando el fiscal federal Alex Schwab confirmó que el artista estaba cooperando con las autoridades y se preparaba para testificar en el juicio contra su exrepresentante, Ángel del Villar.
De acuerdo con univision.com, Ortiz, de 35 años, admitió su participación en aproximadamente seis conciertos en México organizados por un promotor sancionado por el Departamento del Tesoro en 2018 debido a presuntas actividades de lavado de dinero relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Gerardo Ortiz admite culpa en conciertos ligados a red de lavado del CJNG
La información sobre su declaración de culpabilidad se mantuvo reservada mientras colaboraba con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la investigación sobre Del Villar, un prominente productor de música regional mexicana y fundador de la disquera Del Records.
El juicio contra Ángel del Villar se desarrolla en una corte federal de Los Ángeles, donde enfrenta acusaciones por presuntamente haber violado la misma normativa. A diferencia de Ortiz, Del Villar ha negado los cargos y su equipo legal confía en lograr su absolución.
Según reportes judiciales, Ortiz abordado en abril de 2018 en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, por agentes del FBI y del Servicio de Rentas Internas (IRS). Durante el interrogatorio, se le advirtió sobre las implicaciones legales de su relación profesional con Jesús Pérez Alvear, exrepresentante en México, quien fue designado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de una red de lavado de dinero.
A pesar de estas advertencias, Ortiz se presentó en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el 27 de abril de 2018, en un evento organizado por Pérez Alvear. Posteriormente, realizó otras cinco presentaciones en diferentes estados de México bajo la misma organización.
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Tras su regreso a Estados Unidos, el cantante optó por colaborar con las autoridades federales. Sin embargo, la fiscalía decidió imputarle el cargo de conspiración, al cual se declaró culpable.
Hasta el momento, no se obtuvo una reacción del artista ni acceso a documentos judiciales sobre su caso en los sistemas públicos de las cortes federales estadounidenses. Asimismo, la oficina del Distrito Central de California no emitió comentarios adicionales sobre el proceso legal de Ortiz.