Óscar Rodríguez. Corresponsal
Oaxaca, Oax., 18 jun (AMEXI).- Karina García Sosa, ex directora de validación de actas y formatos del Registro Civil estatal, fue cesada de sus funciones por oponerse a los manejos indebidos y a los actos corrupción, como lo venta de folios y claves certificadas.
Luego del despido violento y acoso en contra de la ex funcionaria, activistas del movimiento 8M marcharon por diversas calles de la ciudad y protestaron frente a la sede del palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Salomón Jara, para exigir la renuncia del director del Registro Civil Alfredo Santiago Chávez y tres mandos más de esa dependencia.
Con el llanto en los ojos, la afectada, narró que cuando recababa las pruebas documentales de los saqueos financieros, abusos de poder y corrupción que se cometen en el Registro Civil, fue agredida y desalojada por la fuerza, a pesar de que tenía a su favor medidas cautelares, dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO).
Ante la situación, teme que por enfrentar a la mafia que está al frente de la referida dependencia, se le pueda fincar un delito, porque no se le dejó firmar su carta de separación del puesto ni tampoco se le dieron condiciones para realizar la entrega recepción de su puesto.
Entre los actos indebidos dentro de la institución que denunció la víctima, se encuentra la retención el impuesto al IMSS que hace cada empleado, el cobro excesivo de viáticos, incluyendo los «fantasmas», además del pago a varias personas que cobran como oficiales del Registro Civil en las regiones, pero no ejercen su trabajo, son «aviadores’.
La exfuncionaria estatal, recuerda que hace 50 meses cuando aceptó ingresar a trabajar en el gobierno de Oaxaca, invitada por el gobernador, aceptó, porque pensó que se terminaría con la corrupción del Registro Civil, ya que en el régimen del exgobernador Alejandro Murat, se permitió la operación del Cartel del Despojo, y hasta el robo de identidad.
Un ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido con los hermanos Caleb, Ashmar y Herbe Goméz Conzatti, caso en el que aún persiste la impunidad porque no hay nadie en la cárcel por cometer los agravios.
Sin embargo, considera que se equivocó porque el actual director Alfredo Santiago Chávez, opera una cofradía de la criminalidad a lado de Cesáreo Tomás Vázquez García, director jurídico, Luis Antonio Medina Bustamante y Cuauhtémoc Sánchez.
Los funcionarios mencionados se han enriquecido desviando los recursos del Registro Nacional de Población (RENAPO), que superan los 5 millones de pesos.
Karina García también denunció que hay desvío de fondos en la expedición de actas de defunción de víctimas, y reclamó que los propios mandos del Registro Civil rentan a negocios ubicados afuera de la dependencia, las claves para expedir actas de nacimiento y fomentar «el coyotaje».
Otra de las acciones legales por las cuales también fue cesada de sus funciones la actual servidora pública, fue que se quejó del nepotismo que hay en la dependencia.
Comentó que al inicio del gobierno de Salomón Jara, Dulce Belem Uribe Mendoza fue nombrada directora del Registro Civil y quien dejó el puesto para contender como diputada, siendo su esposo el sucesor, quien a su vez designó en diversos puestos a compadres y amigos.
Por otro lado, García Sosa negó buscar la reinstalación en su cargo, sólo pide que se le pague y se castigue a quienes abusan de sus funciones, por lo que ya presentó quejas ante la DDHPO, la CDDH, la Fiscalía de Justicia y la de Combate a la Corrupción, la vice fiscalía por delitos en contra de la violencia de género y en la Cámara de Diputados.
«Me sacaron porque obstaculizaba sus trampas y tranzas, y porque les era incómoda, pero ahora exigiré justicia para que sean castigados», sentenció Karina García Sosa
Adelantó que, junto con ella, también se han sumado otros 4 empleados que han sido víctimas de ceses y despidos, y hoy piden se les dicten medidas cautelares para que no sean sujetos de amenazas, represalias o intimidaciones.
