A treinta años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, la memoria viva de los pueblos originarios recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano permanece incumplida, traicionada y silenciada, denunciaron diversas organizaciones civiles.
La deuda histórica con los pueblos originarios
En un pronunciamiento conjunto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) —respaldado por al menos siete organizaciones— afirmó que, en el marco de las movilizaciones por el asesinato del activista Samir Flores, se reafirma la lucha por la vida, la tierra y la dignidad.
Recordaron que Samir Flores fue asesinado por defender a su comunidad frente al despojo y la imposición de megaproyectos de muerte. Su voz, señalaron, se suma a la de miles de personas que han caído en el camino de la resistencia, y su ausencia convoca a fortalecer la organización colectiva frente a un sistema que privilegia el capital sobre la vida y convierte a la Madre Tierra en mercancía.
Treinta años después, añadieron, los Acuerdos de San Andrés representan una “traición continuada”. Recordaron que el EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional aprobada ese año negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y protección de los bienes comunes.
Autonomías de hecho y reformas insuficientes
Las organizaciones señalaron que, con aquella reforma, se cerraron las puertas del diálogo y la paz, y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, levantadas por el zapatismo durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente.
Afirmaron que ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés, pues mantienen excluidos elementos fundamentales como el derecho al territorio, el respeto a los bienes comunes y la autonomía plena de los pueblos. “Persiste un modelo extractivista que niega la vida y profundiza la deuda histórica del Estado mexicano”, señalaron.
Frente a este escenario, las organizaciones afirmaron que honran y celebran las tres décadas del Congreso Nacional Indígena (CNI), cuyo caminar ha impulsado autonomías reales, organización comunitaria y defensa de la memoria como herramienta de lucha.
Finalmente, denunciaron que el modelo neoliberal y capitalista es incompatible con la vida digna de los pueblos. Frente a la imposición de proyectos de muerte, insistieron en que la defensa del territorio y la construcción de horizontes colectivos deben sostenerse en la justicia, la memoria y lo común. “La Madre Tierra no es propiedad ni recurso: es raíz, es vida, es futuro”, concluyeron.
