Por primera vez en más de 20 años de litigios en Quintana Roo, pero ahora con el nuevo régimen judicial, un fallo revocó medidas de protección de las infancias a favor de un agresor, luego que la víctima ya había demandado a dicho sujeto por las vías penal y familiar por violencia vicaria, agresiones físicas, tentativa de feminicidio y robo por abuso de confianza.
Representantes de la Red de Víctimas Quintanarroenses dieron a conocer lo anterior al exponer el caso de Celia Ivette “N” y refirieron que el 27 de octubre pasado le retiraron las medidas de protección para sus dos menores hijas, despuúes de lograr estas medidas en contra de su agresor, Héctor “N”.
Celia Ivette demandó ayuda de la gobernadora Mara Lezama, al temer por su vida.
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Advierten un nefasto precedente
Las representantes de los colectivos señalaron que ningún juez puede tocar el interés superior de la protección de las infancias, por lo que denunciaron un presunto tráfico de influencias por parte de una magistrada federal y que por ello interpondrán una queja ante el Tribunal Administrativo.
Diversos colectivos respaldaron la denuncia, entre ellos Femenil Ixtabay Quintana Roo, Madres Buscadoras de Quintana Roo, Si la Justicia no nos Alcanza que la vergüenza los haga y Echa Pa´lante, a los que se sumaron Red de Apoyo a Inocentes, Hermanas Unidas Jamás Separadas, Mujeres Mayas-Mujeres Fuertes, Mujeres que Luchan por una Vida Mejor y Red de Madres Vicarias de Cancún.
Consideraron que el retiro de estas medidas de protección de las infancias es un nefasto precedente en la impartición de justicia.
Vinculan el fallo con la elección judicial
Las activistas consideraron que este caso es resultado de un Poder Judicial “vengativo y visceral” en Quintana Roo y que la pasada elección judicial fue una simulación.
Señalaron que los mismos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propusieron los perfiles y que a pesar de las quejas en contra de ellos dentro de la Judicatura, sus nombres aparecieron en las boletas.
A pesar de que impugnaron la boleta, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) las decretó válidas, lo que obligó a la ciudadanía a votar en bloque por los jueces que el gobierno o los mismos poderes propusieron, «toda vez que se repetían los nombres y los cargos», anotaron.
En este sentido, los colectivos denunciaron a César Morales, responsable de la Fiscalía Mixta 2, y a Daniel Alejandro Chuc Chac, de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos contra la Mujer y por razón de Género.
La denuncia incluye también a Marcela del Pilar Campos Chale, titular del Juzgado Familiar Oral del Distrito Judicial de Cancún; y al juez penal, Guillermo Baca González Pliego, todos ellos, resultado en la pasada elección judicial.
