Aumento a tarifas del transporte público tendrá costo político
El diputado local Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, reconoció que el aumento al transporte público genera inconformidad social. Sin embargo, sostuvo que se trata de una decisión administrativa que no depende de la Legislatura. “El Gobierno del Estado asume esta medida como una responsabilidad, no como un costo político”, afirmó.
El ajuste tarifario entró en vigor el miércoles 15 de octubre, elevando el costo mínimo de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros. Vázquez explicó que el acuerdo fue emitido por la Secretaría de Movilidad estatal, sin necesidad de aprobación legislativa. “El incremento no pasa por el Congreso. Es facultad del Ejecutivo. Sabemos del costo social, pero también de la presión de los concesionarios. Lo esencial es que los usuarios vean resultados: seguridad, unidades nuevas y mejor servicio”, indicó.
El reto: garantizar mejoras
El legislador admitió que toda medida de esta naturaleza “genera rechazo porque afecta el bolsillo”. No obstante, confió en que el alza se traduzca en mejoras tangibles para los pasajeros. “Creemos que el incremento debe emparejarse con un servicio digno y eficiente. Ser gobierno implica asumir costos y responsabilidades. No se cambia un régimen de 90 años en dos, pero estamos trabajando para hacerlo distinto”, sostuvo.
Vázquez descartó que el Congreso cite a comparecer al secretario de Movilidad, aunque no excluyó reuniones de trabajo para conocer los criterios técnicos que sustentaron el aumento. “No se trata de hacer del tema una disputa política. Más que comparecencias, se requieren explicaciones claras y compromiso de cumplimiento. Somos un mismo equipo: gobierno y Legislatura”, afirmó.
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Transporte público, taxis colectivos y plataformas: tareas pendientes
El diputado señaló que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene la responsabilidad y cercanía para dar la cara ante la ciudadanía. La administración estatal mantiene una política de diálogo con los transportistas, enfocada en la modernización de unidades, seguridad y chatarrización.
Finalmente, enfatizó que el reto es doble: mejorar el transporte público y atender las condiciones de vialidad, seguridad y regulación del servicio, incluyendo taxis colectivos y plataformas digitales. “La ley de transporte debe revisarse. Donde no están permitidos, están prohibidos, y eso debe regularse. Es parte de las tareas pendientes”, concluyó.
