Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) en Baja California, aseveró que la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación representa una amenaza directa para la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México.
Para el titular de la BMA en esta entidad federativa, esta iniciativa, bajo el pretexto de garantizar la supremacía constitucional, busca eliminar los mecanismos de control constitucional, como el amparo y la acción de inconstitucionalidad, en el análisis y la impugnación de reformas a nuestra Carta Magna.
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Abarca Jiménez subrayó que, de avalarse pese a las impugnaciones presentadas, la reforma restringiría la capacidad de los ciudadanos para impugnar modificaciones constitucionales que vulneren sus derechos.
Ven un riesgo el debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
“Si esta reforma entra en vigor, cualquier cambio a la Constitución, sin importar cuán regresivo sea, no podría ser desafiado legalmente, dejando a la población sin herramientas para defenderse ante posibles abusos de poder”, advirtió.
Uno de los mayores riesgos, según el especialista, radica en el debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual juega un papel crucial como garante de los derechos humanos y de la constitucionalidad de las reformas.
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La propuesta, al limitar la revisión judicial de modificaciones constitucionales, podría desmantelar los contrapesos que salvaguardan los principios fundamentales del orden jurídico mexicano.
La Reforma al PJ contraviene los acuerdos internacionales de México
“Estamos hablando de un grave retroceso en la protección jurídica de los derechos humanos”, afirmó Abarca Jiménez, quien recordó que los controles constitucionales han sido esenciales para frenar excesos del poder legislativo y ejecutivo.
De perderse esos recursos, añadió, se abriría la puerta para que actores políticos promuevan cambios arbitrarios sin enfrentar consecuencias legales, lo que podría alterar peligrosamente el equilibrio de poderes.
Además, Abarca destacó que esta propuesta contraviene los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. “Los tratados internacionales exigen a los Estados proporcionar mecanismos eficaces para la defensa de los derechos fundamentales, incluso ante reformas constitucionales.
Pide la BMA de BC que la reforma evalué el impacto a largo plazo en la democracia
México no solo violaría estos acuerdos, sino que también podría ver deteriorada su imagen a nivel internacional”, explicó.
El presidente de la BMA hizo un llamado a que el debate sobre esta reforma no se limite a su aspecto técnico, sino que también evalúe el impacto a largo plazo en la democracia mexicana.
