Tras calificar de absurda la normativa que promueve el Instituto Nacional Electoral (INE) que impide que la población conozca a los aspirantes judiciales, la candidata 30 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ingrid Tapia, llamó a salir a votar para que la delincuencia no decida los puestos de justicia.
En rueda de prensa en Veracruz, advirtió que “si nosotros no salimos a votar, estamos dando la oportunidad de que decidan los grupos delincuenciales y coloquen en los puestos de justicia a nuestros propios victimarios”.
Sostuvo que hoy la democracia en México presenta síntomas de fragilidad y “si una elección tiene el tufo de estar arreglada, con mayor razón tenemos que salir a votar”.
Faltan filtros…
Aseguró que el diseño normativo de la reforma judicial pone en peligro la función judicial en México por la falta de filtros para garantizar juzgadores de alta calidad moral que defiendan los derechos de los mexicanos, sin intereses ajenos.
La aspirante a ministra dijo que en México los criterios jurisdisprudenciales colocan en la indefensión a las víctimas de delitos. “Como Estado, México no garantiza los derechos del 81 por ciento de la población que por alguna razón ocupa de los servicios judiciales”, apuntó.
Consideró que es indolente ver a más de 81 mil niños muertos en manos por violencia, las madres buscadoras que excavan con sus propias manos, más de 150 mil desaparecidos; todos, víctimas por partida doble de los delincuentes y del Estado.
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Es lamentable, sostuvo, el desaseo en la selección de candidatos, pues hay algunos “vinculados con la delincuencia organizada y otros de carencia de calidad moral para defender los derechos de los ciudadanos”.
Ingrid Tapia afirmó que los integrantes de la Suprema Corte están obligados a contar con una alta calidad moral para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos de toda la estructura del gobierno y del propio Estado mexicano.
La candidata 30 a ministra de la Suprema Corte se reunió en Veracruz con abogados, maestros, trabajadores de Pemex y con el Capítulo Veracruz de la fundación J. Reuben Clark Law Society.
