El Congreso del Estado de México aprobó este miércoles reformas al Código Penal de la entidad para castigar hasta con 24 años de prisión a quienes provoquen accidentes de tránsito con el fin de extorsionar a las víctimas, práctica conocida como “montachoques”.
La modificación legal, impulsada por el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, tipifica este acto como delito de extorsión y establece sanciones más severas cuando las víctimas sean personas adultas mayores, mujeres, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Se duplican las penas
En la sesión del Pleno, las y los legisladores avalaron una reserva que presentó el proponente para precisar que este tipo de actos se considerarán extorsión, delito que actualmente contempla penas de hasta 12 años de prisión y mil 500 días multa.
Con la nueva disposición, si el delito se comete contra sectores vulnerables, las sanciones podrán duplicarse hasta 24 años de cárcel y tres mil días multa.
El dictamen, presentado por Emma Laura Álvarez Villavicencio, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, advierte que esta práctica implica no sólo daños materiales, sino también amenazas, agresiones físicas y pérdidas patrimoniales para las víctimas, quienes suelen ser intimidadas para entregar dinero o asumir la culpa del siniestro.
En la exposición de motivos, Octavio Martínez refirió un aumento sostenido en los últimos años de este delito, perpetrado por grupos organizados que provocan choques para obtener compensaciones económicas.
“Es indispensable reconocer el daño social que generan estas conductas. Se trata de verdaderas redes delictivas que vulneran la seguridad vial y afectan la economía de las familias mexiquenses”, expuso el legislador morenista.
Destacó que el Estado de México se convierte en una de las primeras entidades del país en legislar de manera específica sobre este fenómeno, después de la Ciudad de México y Morelos, lo que “marca un precedente en la lucha contra la extorsión disfrazada de accidente vial”.
El dictamen aprobado subraya que la reforma busca no sólo castigar estas conductas, sino disuadir su práctica y fortalecer un modelo de seguridad vial con perspectiva de prevención y justicia.
Zonas urbanas, donde más ocurre
“La ciudadanía tiene derecho a transitar con seguridad por las calles y carreteras del Estado de México, sin temor a ser víctima de engaños o amenazas”, establece el documento.
Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en que la medida responde a una demanda social creciente, especialmente en las zonas urbanas donde los casos de “montachoques” se han vuelto recurrentes.
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