Clausuran 19 centros de adicciones clandestinos en Oaxaca donde torturaban a internos
La Secretaría de Salud y la Defensoría de Derechos Humanos rescataron a 90 víctimas de malos tratos en operativos conjuntos en centros de adicciones clandestinos.
En los últimos diez meses, la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) clausuró 19 centros de adicciones clandestinos que operaban al margen de la ley y en condiciones de tortura y hacinamiento, informó el titular de la dependencia, Enmanuel Efrén Jarquín.
El funcionario precisó que las clausuras derivaron de denuncias ciudadanas y de operativos conjuntos con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que permitieron rescatar a 90 personas víctimas de malos tratos.
| Centros de adicciones clandestinos violaban derechos humanos
Jarquín explicó que los llamados “anexos” incumplían de manera grave con la normatividad sanitaria y de derechos humanos. No garantizaban la integridad ni la seguridad de los internos, expuso.
En algunos de esos espacios se encontraron objetos punzocortantes, chicharras eléctricas, bebidas alcohólicas, armas. También había áreas con hombres y mujeres mezclados en condiciones de hacinamiento.
“Se detectaron prácticas crueles, tratos degradantes y castigos físicos que nada tienen que ver con un proceso terapéutico o de rehabilitación”, detalló el funcionario.
| Más de 200 centros legales y 100 en trámite
El titular de la SSO informó que en el estado existen más de 200 centros de rehabilitación registrados ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (Coepriso), los cuales cumplen con la norma federal y estatal.
Añadió que poco más de 100 se encuentran actualmente en trámite de regularización y verificación. Detalló que se desconoce el número total de establecimientos irregulares, ya que muchos abren y cierran de manera intermitente para evadir las inspecciones.
| Operativos sorpresa y acciones interinstitucionales
Jarquín señaló que los operativos de clausura se realizan de forma sorpresiva. Puntualizó que participan la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Salud Pública y la Unidad Municipal de Derechos Humanos.
“No se trata solo de sancionar, sino de prevenir nuevas violaciones a los derechos de personas vulnerables que buscan ayuda y terminan siendo maltratadas”, enfatizó.
El funcionario subrayó que el objetivo es asegurar que los espacios de atención a las adicciones sean verdaderos lugares de rehabilitación, no centros de castigo o encierro arbitrario.
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