Al intervenir por segunda ocasión en el presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que ahora sí será el cierre definitivo de la granja porcícola Pecuaria Peninsular ubicada en Santa María Chi, zona limítrofe de Mérida por descargas reiteradas de aguas residuales sin control.
Conforme a la titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, esta vez la procuraduría a su cargo “impuso una clausura total y definitiva” a la empresa propiedad de la familia Loret de Mola en respuesta a una demanda de justicia planteada por habitantes de la citada comunidad.
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“La operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación”, expresó la titular de la dependencia en un mensaje personal en redes sociales.
La granja con más de 50 mil cerdos contaminó los mantos freáticos
Según datos de los opositores, la granja opera con 72 naves como una aparcera de la empresa Kekén que llega a albergar más de 50 mil cerdos, mega factoría que ha sido señalada como causante de la contaminación de los mantos freáticos de la zona donde opera.
El 25 de abril pasado, la dependencia impuso una clausura total temporal a la granja por el mismo motivo, por lo que requirió, el permiso de descarga correspondiente. A casi cinco meses del requerimiento, la dependencia volvió actuar, esta vez con una clausura definitiva.
El pasado 2 de septiembre representantes de organizaciones de más de 20 localidades de los municipios de Cantamayec, Chocholá, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Teabo y Tetiz presentaron “una denuncia popular y ciudadana ante las autoridades ambientales” en contra de las granjas.
La Profepa hizo justicia a las comunidades con esta clausura definitiva
Exigieron a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones legales y puesta en marcha de acciones para la reparación del daño ambiental y la investigación de la posible responsabilidad penal de las empresas porcícolas que operan en el estado de Yucatán
Pese a que en abril de 2023 la Semarnart emitió un dictamen en el que reconoce la existencia de numerosas granjas porcícolas ilegales con nulos e insuficientes sistemas de tratamiento de aguas residuales, no se han tomado medidas concretas ni efectivas para atender este grave problema ambiental y social, expresaron los querrellantes.
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En respuesta, la titular de la dependencia expresó: “hoy la Profepa finalmente hace justicia a estas comunidades con esta clausura definitiva. Vamos a seguir trabajando en atender y defender los derechos ambientales de la gente”.
