Habitantes del poblado indígena michoacano de Arantepacua incendiaron camiones y lanzaron cohetones a la Fiscalía General del estado, en protesta por el asesinato de cuatro comuneros en 5 de abril de 2017 en un operativo policial presuntamente ordenado por el exgobernador Silvano Aureoles.
A nueve años de los hechos que dejaron además decenas de detenidos y heridos, los comuneros tomaron las calles de Morelia para exigir justicia por las agresiones que padecieron en la administración del exgobernador ahora prófugo de la justicia, para demandar avances en las investigaciones y se concreten las detenciones que corresponden.
La marcha hacia la Fiscalía
Realizaron una marcha que comenzó en las instalaciones de la Fiscalía, donde lanzaron cohetones y destruyeron al menos dos cámaras de vigilancia de los accesos, además de incendiar un camión repartidor de agua purificada.
Al continuar su recorrido, pararon a un camión de jugos y despojaron al chofer de la mercancía y al llegar a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) realizaron pintas con la consigna “5 de abril no se olvida” y quebraron cristales.
Debido a que la quema de autos y daños materiales se extendió a varios puntos de la ciudad, patrullas de la Guardia Civil recorrieron la zona y con altavoces pidieron a los comerciantes bajar sus cortinas y resguardarse mientras avanzaba la manifestación.
La marcha siguió hasta el Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM), en cuya entrada los comuneros colocaron dos lonas para denunciar los ataques del gobierno de Silvano Aureoles y pintaron mensajes como “Justicia para Arantepacua”.
“Este edificio es donde los políticos hacen llegar sus amparos, aquí vamos a hacer llegar un documento de que la comunidad de Arantepacua no se va a quedar de brazos cruzados si los políticos hacen uso de sus amparos”, advirtieron.
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Hace nueve años…
El 5 de abril del 2017, la Policía Michoacán –ahora Guardia Civil- realizó un operativo para recuperar vehículos que los indígenas retenían en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, para presionar hacia la solución de un conflicto agrario que mantenían con el poblado de Capácuaro, del municipio de Uruapan.
En ese operativo hubo un tiroteo en el que además de los cuatro indígenas muertos, uno de ellos menor de edad, hubo 35 heridos por golpes y balas, y 38 detenidos que después liberaron.
Y aunque el gobierno de Silvano Aureoles explicó que el tiroteo lo iniciaron personas al servicio de Benito Morales Jiménez “El Beny”, jefe de plaza del Cártel de Los Viagras y exintegrante de Cártel de «Los Caballeros Templarios», el presunto delincuente no fue detenido.
