Le salió barato a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez ampararse para no enfrentar los cargos que le imputa la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (AES), a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo organismo le exige que compruebe los 898 millones de pesos que gastó en el Ejercicio Fiscal del 2023.
Dado que la AES interpuso una denuncia ante la FGE, el equipo legal de la presidenta municipal del puerto interpuso un depósito de garantía para suspender de manera provisional una posible detención en contra de López Rodríguez.
El cheque con número de depósito 018628, expedido por el Banco del Bienestar, se anexó al expediente 558/2025 del juzgado federal que lleva el caso. Cabe recordar que la FGE acusó a la edila de Acapulco por el ejercicio ilícito del servicio público y negativa de rendición de cuentas.
Asimismo, Abelina López interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), precedida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández en la que argumentó que el único organismo autorizado para auditarla acerca del uso de los recursos federales es la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En este sentido, la ministra presidenta Norma Piña clasificó el expediente 174/2025 como urgente y lo turnó al ministro Javier Laynez para que presente un proyecto de resolución antes que los nuevos ministros de la SCJN entren en funciones el 1 de septiembre.
Los recursos por los cuales la ASE acusó a Abelina López Rodríguez ante la FGE por negarse a rendir cuentas son los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), además de las participaciones de los Ramos 33 y 38, destinados a Acapulco tras el devastador paso del huracán Otis.
