En una contundente declaración de apoyo, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO), bajo la presidencia de la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, respaldó las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Las modificaciones, que afectan los artículos 19 y 40 de la Constitución, tienen como objetivo reafirmar la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra el tráfico ilegal de armas.
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El pronunciamiento conjunto de las y los gobernadores enfatizó que estas iniciativas representan un paso decisivo para garantizar la seguridad y la integridad del país. “No vamos a permitir que la violencia avance por la impunidad. Con esta medida, endurecemos las penas contra los extranjeros involucrados en la fabricación, tráfico y distribución de armas ilegales».
Afirma la Conago que en México se respetan nuestras leyes
«En México, se respetan nuestras leyes y se protege a nuestra gente”, declararon en un comunicado conjunto.
La reforma constitucional se plantea como una respuesta firme ante la creciente amenaza que representa el tráfico ilegal de armas para la seguridad nacional. Además, los cambios buscan consolidar el carácter soberano de México, asegurando que ninguna injerencia extranjera pueda comprometer la integridad y la independencia del territorio mexicano.
Desde CONAGO se subrayó la importancia de fortalecer el marco legal del país para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia organizada. Las gobernadoras y gobernadores hicieron un llamado a los Poderes de la Unión para que estas reformas sean analizadas y aprobadas con la responsabilidad y el compromiso que amerita el futuro de la nación.
Con las reformas constitucionales propuestas por la presidenta Sheinbaum, se blindará nuestra soberanía
En palabras de los representantes estatales, “México se respeta, y con esta modificación constitucional blindamos nuestra soberanía y garantizamos que no esté en riesgo”.
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Este respaldo a las reformas refuerza el compromiso de las autoridades locales y federales por consolidar una nación segura y justa, capaz de proteger a su gente y preservar la paz social.
Con estas medidas, el gobierno federal y las entidades locales se unen en la lucha contra el tráfico ilegal de armas, estableciendo un precedente en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.
