Consejo Supremo Indígena de Michoacán se deslinda de Víctor Manuel U.R. tras asesinato de Carlos Manzo
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) emitió un comunicado en el que se deslinda respecto al ciudadano Víctor Manuel U.R., padre del presunto responsable del asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan. La organización indígena aclaró que expulsó a Víctor Manuel U.R. hace más de dos años y no representa a ninguna comunidad del CSIM.
| Expulsión previa por agresión
Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del CSIM, explicó que una Asamblea General de Autoridades separó a Víctor Manuel U.R. de la organización tras un proceso en Asamblea General de Autoridades. La expulsión se debió a una agresión contra un adulto mayor y a conductas contrarias a los principios comunitarios. Anunció que publicarán el acta correspondiente próximamente.
Desde entonces, el CSIM no mantiene relación alguna con el ciudadano, y rechaza cualquier intento de vincularlo con la organización o con los hechos violentos del 1 de noviembre.
| Principios comunitarios y exigencia de justicia
El CSIM enfatizó que no respalda ni defiende a personas que vulneren los valores y principios que rigen a los pueblos originarios, y reiteró su compromiso con la dignidad comunitaria y la no violencia. Agregó que su labor se centra en proteger la dignidad comunitaria y afirmó que mantienen distancia de quienes incurren en faltas graves.
Ante los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, en los que a Carlos Manzo se le privó de la vida durante un acto público, el CSIM exigió a las autoridades investigar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales, y evitar especulaciones que vinculen a organizaciones indígenas con conductas ajenas a sus principios.
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| Familia del presunto agresor pide respeto
Fuentes locales confirmaron que familiares reclamaron el cuerpo del adolescente y presunto agresor, para luego trasladarlo a Paracho, Michoacán, municipio de origen. La familia solicitó respeto durante el proceso de duelo y sepultura, y expresó su temor por posibles represalias derivadas de la exposición pública del caso.
En efecto, ninguna persona debe ser juzgada por los actos de un familiar, y la dignidad humana debe ser protegida en especial en contextos de dolor y conflicto.
