Tras meses de incumplimientos laborales y evasivas de la empresa agroindustrial hondureña Millfoods, trabajadores, técnicos y proveedores que participaron en la construcción y puesta en operación de su planta en Salamanca han iniciado un proceso judicial formal ante el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la capital del estado.
La acción legal se presentó luego del fracaso de la etapa conciliatoria ante las autoridades laborales.
De acuerdo con representantes del colectivo legal que asesora a los demandantes, ni Millfoods ni Grupo Modelo —empresa vinculada operativamente al proyecto— mostraron disposición al diálogo ni al cumplimiento de los pagos correspondientes.
Trabajadores de Millfoods piden reconocimiento y pagos
“No estamos hablando de promesas de empleo incumplidas, sino de trabajo ya realizado, instalaciones construidas y equipos entregados, por los cuales no se ha pagado. Por eso ahora el caso se está resolviendo en el ámbito judicial”, señalaron los voceros.
Los escritos presentados ante el tribunal solicitan el reconocimiento de la relación laboral y comercial, así como el pago de salarios, finiquitos y compensaciones.
Las demandas identifican directamente a Millfoods y a Grupo Modelo como partes responsables, con base en contratos, órdenes de trabajo y comunicaciones oficiales.

Los trabajadores involucrados pertenecen a diversos sectores, incluyendo construcción industrial, ingeniería eléctrica, suministro de equipos especializados y operación técnica, lo que amplía la dimensión del conflicto.
El monto total de los adeudos supera los cinco millones de pesos, sin contar daños colaterales ni afectaciones indirectas.
Lo mínimo que exigimos es justicia, claman
El proyecto de Millfoods fue anunciado como una inversión extranjera significativa en el Bajío, promovida con respaldo institucional y expectativas de desarrollo regional.
Sin embargo, ha derivado en una estela de conflictos laborales, deudas acumuladas y falta de transparencia en los compromisos asumidos por las empresas involucradas.
“Lo mínimo que exigimos es justicia. Si una empresa viene del extranjero a invertir, también debe responder como cualquier actor productivo nacional ante sus obligaciones con los trabajadores mexicanos”, concluyó uno de los afectados.
El tribunal federal ha admitido las demandas y se espera que en las próximas semanas se definan las audiencias iniciales. Mientras tanto, los afectados continúan organizándose para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y contractuales.







