Desalojo violento contra madres buscadoras en Chiapas desata respaldo nacional
Más de 40 colectivos de buscadoras de personas desaparecidas, junto con organizaciones del magisterio, asociaciones vecinales, defensores de derechos humanos y pronunciamientos individuales, se sumaron este miércoles 8 al respaldo de la colectiva Madres en Resistencia Chiapas, tras el desalojo violento que sufrieron frente a la Fiscalía General del Estado. Exigieron un alto inmediato a la represión, protección para las familias buscadoras y resultados concretos por parte del fiscal Jorge Llaven Abarca.
#ALERTA.- Así es como policías municipales de la capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas intentan desalojar de un plantón frente a la @FGEChiapas, a la Colectiva «Madres en Resistencia», víctimas de feminicidio y desaparición, quienes exigen justicia.
Desde ayer las mujeres se… pic.twitter.com/eOXKTMfqLx
— Mariana Morales (@MarianaMorale_s) October 7, 2025
Represión institucional contra la memoria
El martes 7 de octubre, policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, algunos encapuchados y armados, irrumpieron en el plantón que mantenían las madres buscadoras frente a la Fiscalía. Según denuncias del colectivo, los agentes arrebataron lonas, destruyeron carteles con fichas de búsqueda, golpearon, empujaron y amenazaron con armas de fuego a las manifestantes. La agresión se dio mientras las madres exigían avances en las investigaciones por feminicidios y desapariciones forzadas.
“Nos golpearon, nos apuntaron, nos arrancaron la memoria”, declaró Adriana Gómez, vocera del colectivo. En imágenes difundidas por organizaciones de derechos humanos, se observa a los policías jaloneando a las madres y desmontando el plantón con violencia.
Exigen justicia, seguridad y verdad
Las madres responsabilizaron directamente al fiscal Llaven Abarca, al senador Eduardo Ramírez y al secretario de Seguridad del Pueblo Óscar Aparicio Avendaño, por ordenar el operativo. “Quieren desaparecernos porque saben que ellos son los principales responsables”, denunciaron en un comunicado.
Tras la presión pública, el fiscal acudió al lugar y aseguró que había girado medidas precautorias para protegerlas. “Es mi obligación protegerlas”, dijo. Una buscadora respondió: “Entonces no le obedecen para nada”.
La colectiva reiteró su exigencia de justicia, seguridad y verdad, y llamó a no permitir que la memoria de sus hijas e hijos desaparecidos sea silenciada por la violencia institucional.
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