La desaparición de personas en México ya es algo cotidiano, una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de lesa humanidad, lamentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casasen Chiapas.
De acuerdo con la organización, ese hecho se sigue dando con la complicidad, connivencia, omisión y aquiescencia de la autoridad, pues, consideró, de otro modo no se podría sostener.
Expuso que este fenómeno tiene una raíz histórica tanto en México como en otros países del continente americano, dado que se usa para controlar, infundir miedo, incluso para exterminar a personas y grupos subversivos que el Estado los considera un peligro o sus enemigos.
1968, un parteaguas
Refirió que durante y después de 1968, en el periodo llamado guerra sucia, las desapariciones se efectuaron por agentes estatales (fuerzas armadas y policías de seguridad).
En el caso de Chiapas, detalló luego del levantamiento armado en 1994, el Estado mexicano implementó acciones de contrainsurgencia contenido en el llamado plan de campaña Chiapas 94.
Según el Centro, una de las formas para desarticular al movimiento zapatista fue fomentar la creación, adiestramiento y operación de grupos paramilitares en las zonas de mayor influencia zapatista, que derivaron en desplazamientos, en la masacre de Acteal, en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Aseguró que la política contrainsurgente impulsada por el Estado mexicano entre 1995 y 2000 en la zona norte de Chiapas, concretamente en los municipios de Yajalón, Palenque, Salto de Agua, Sabanilla y Tila, dejó 38 personas desaparecidas a manos de un grupo paramilitar y 32 combatientes Zapatistas desaparecidos.
Por otro lado, añadió, la incursión policiaca que masacró a varias personas en el poblado Viejo Velasco, municipio de Ocosingo en 2006, donde desaparecieron cuatro personas.
Mencionó que al 10 de mayo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 128 mil 331 personas desaparecidas, mil 546 desaparecidas en Chiapas.
Las cifras más recientes
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas precisó que entre 2019 y 2023, el número de desapariciones creció 358 por ciento, concentrándose en territorios disputados por grupos criminales que actúan con tolerancia de autoridades locales, estatales y federales, así como empresas transnacionales.
Chiapas supera ampliamente el promedio nacional en desaparición de mujeres, representando más de 60 por ciento de los casos en el estado, muchas vinculadas a redes de trata y explotación sexual.
Lamentó que el Estado mexicano persiste en su narrativa de seguridad, omite sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar, y que el miedo inhibe las denuncias, y la falta de medidas estructurales generando una crisis humanitaria.
Ante el clamor incansable de las madres buscadoras y sus familias, el Estado debe responder. El silencio no es opción, los murmullos por la verdad y la justicia van creciendo hasta encontrarles, concluyó.
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