Autoridades federales y agrarias participaron en un desplazamiento forzado de familias tseltales en Chilón
Elementos de seguridad y funcionarios federales y agrarios participaron en un operativo que derivó en el desplazamiento forzado de ocho familias tseltales del ejido Jotolá, municipio de Chilón, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
De acuerdo con la organización, en los hechos —ocurridos el 12 de febrero de 2026— intervinieron Guardia Estatal, Policía Municipal de Chilón, así como funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El operativo, sostuvo el Frayba, derivó en la expulsión violenta de 30 personas integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Entre los agraviados se encuentran 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos adultos mayores y dos menores con discapacidad.
Según la denuncia, alrededor de las 11:00 horas, un grupo de aproximadamente 100 personas irrumpió en las viviendas. Los invasores destruyeron al menos cinco casas, saquearon y quemaron pertenencias, además de matar animales domésticos.
Detenciones y acusaciones posteriores
El Frayba informó que, horas antes del ataque, a las 8:00 horas, la Policía Municipal detuvo a María de Jesús Sánchez y a Francisco Moreno Hernández. Tras acusarlos de despojo gravado, los condujeron hacia un juzgado de control en Yajalón. El 17 de febrero, sin más, un juez los vinculó a proceso.
Mientras que a Francisco Moreno Hernández se le impuso prisión preventiva justificada y quedó internado en el penal de Yajalón, a María de Jesús Sánchez se le dictó firma periódica semanal.
La organización denunció que María de Jesús fue torturada y amenazada con desaparición, lo que agrava el contexto de violaciones a derechos humanos cometidas por diversas autoridades y funcionarios.
Violencia, desplazamiento forzado y criminalización en Chilón
El Frayba sostuvo que el desplazamiento en el ejido Jotolá forma parte de una estrategia de criminalización contra integrantes del CNI que defienden sus tierras.
Agregó que, además del desalojo, el Juzgado libró al menos ocho órdenes de aprehensión adicionales, lo que incrementa el riesgo para las familias desplazadas.
Asimismo, detalló que se cometieron vulneraciones a derechos fundamentales: vivienda, integridad personal, salud y seguridad. Estas vulneraciones tuvieron impacto directo en niñas, niños y personas en condición de vulnerabilidad.
Exigencias al Estado
El organismo exigió al Estado mexicano protección inmediata, investigación sobre la participación de autoridades y sanción a los responsables.
También demandó aplicar los Principios Rectores de la ONU sobre Desplazamiento Interno y cumplir la legislación estatal en la materia.
Al respecto, hasta ahora, ni las autoridades federales ni las estatales han dado a conocer una postura pública detallada frente a estos señalamientos.
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