A un día de las elecciones para presidencias municipales en Veracruz, funcionarios del ayuntamiento de Veracruz fueron descubiertos cuando, en flagrancia, coaccionaban el voto en plena veda electoral, operando en distintas colonias del municipio.
Al ser confrontados por los vecinos, se resguardaron en un domicilio, a donde llegaron policías municipales y elementos de Protección Civil a rescatarlos.
En la colonia Dos Caminos, habitantes identificaron a los empleados del Ayuntamiento de Veracruz Gerardo Hernández Yépez, de la Dirección de Comercio, y Héctor Domínguez Estrada, de Desarrollo Social.
Ellos se encontraban entregando boletos de una rifa millonaria de casas, terrenos y materiales de construcción, con el lema de campaña de una candidata a la presidencia municipal.
Héctor Domínguez Estrada es chofer de un candidato a regidor, quien fue exdirector de Desarrollo Social y candidato perdedor a la diputación local.
Descubiertos en flagrancia
Al momento de los hechos, Hernández Yépez y Domínguez Estrada portaban listas con nombres, domicilios y teléfonos de los supuestos beneficiarios.
Al ser descubiertos, ambos funcionarios se resguardaron en el patio de una vivienda particular. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil arribaron al lugar, no para detenerlos, sino para protegerlos y facilitar su escape.
Con ello, se confirma la complicidad entre quienes operaban la coacción del voto y las corporaciones del propio gobierno municipal, al mando de Patricia Lobeira.
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También en Reserva Tarimoya
Hechos similares fueron documentados en la Reserva Tarimoya, donde testigos captaron imágenes de una camioneta del Ayuntamiento repartiendo los mismos boletos casa por casa.
En la colonia Antorcha Popular también se reportó la entrega de estos boletos como mecanismo de condicionamiento del voto.
Violaciones a la Ley de Delitos Electorales
Estas acciones configuran violaciones claras a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, particularmente el artículo 11, que sanciona a funcionarios públicos que desvíen recursos o programas con fines electorales, y el artículo 7, que castiga el condicionamiento del voto mediante beneficios, promesas o sorteos.
A tan solo un día de la jornada electoral del 1 de junio, el uso de recursos públicos y el respaldo de las corporaciones municipales revelan un esquema de intervención directa del Ayuntamiento en el proceso electoral, incurriendo en delitos graves que atentan contra la voluntad popular y los principios democráticos.
