El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra una facción del Cártel de Sinaloa con operaciones en Baja California, a la que designó como organización terrorista extranjera.
Las medidas alcanzan a políticos, empresarios, expolicías y operadores criminales vinculados con la estructura de Los Mayos, brazo que responde a Ismael “El Mayo” Zambada.
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Los acusados de terrorismo y sancionados
Entre los señalados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito en dos periodos y actual diputada federal de Morena, a quien el Tesoro acusa de fungir como intermediaria de los hermanos Arzate, líderes regionales de la organización. Según el reporte, Brown facilitaba la recolección de pagos de extorsión y protección a actividades ilícitas mediante la Secretaría de Seguridad de Rosarito.
El empresario Jesús González Lomelí, propietario de centros nocturnos y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, fue acusado de utilizar sus negocios para lavar millones de dólares.
De igual forma, el transportista Candelario Arcega Aguirre, vinculado con la Sociedad Mutualista de Transporte Unido de Baja California y Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. de C.V., fue señalado como parte de la red financiera del grupo.
El documento también incluye a los expolicías municipales Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, presuntamente colaboradores de González y Arcega en el sostenimiento de la estructura criminal en Rosarito.
En el nivel operativo, el gobierno estadunidense apuntó a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, a quien identifica como líder del brazo armado de Los Mayos en Playas de Rosarito, vinculado con secuestros, homicidios, tortura y control de rutas de narcotráfico hacia California.
El subsecretario John K. Hurley hizo el anuncio
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar las sanciones.
Con estas medidas, todos los activos de los implicados en territorio estadunidense quedaron congelados y se prohíben transacciones con ellos. Además, personas y empresas que colaboren con esta red se exponen a sanciones secundarias.
