Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 ago. (AMEXI).-El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Isael González Vázquez, reveló que se analiza la posibilidad de regresar a clases en las regiones chiapanecas de Sierra, Frontera, Altos y Frailesca, debido a la violencia.
Por tal motivo, exigió a los gobiernos federal y estatal atender la inseguridad en Chiapas, al considerar que no se percibe su presencia para atender esta problemática que afecta a estudiantes, padres de familia y docentes en diversas escuelas de esas zonas, donde los grupos criminales imponen su ley.
Dijo que para que el magisterio avale el regreso a las aulas dependerá de cada zona escolar, es decir, si existen o no las condiciones necesarias que garanticen la integridad física de los alumnos, personal docente y de los trabajadores administrativos.
Se debe garantizar un clima de estabilidad para el regreso a clases
De ahí, destacó, la necesidad de que ambos niveles de gobierno cumplan con su obligación y responsabilidad de garantizar un clima de estabilidad que, si bien no sea el ideal, al menos sea óptimo para que todos puedan desempeñar sus labores.
«Esa es una obligación del gobierno federal y estatal, pero hasta hoy no se observan grandes avances», reiteró González Vázquez, en tanto que el magisterio chiapaneco en cada región revisa las condiciones en las que se encuentran las escuelas.
Al igual que, en cada centro de trabajo, a fin de determinar si están en condiciones de iniciar las clases.
La evaluación de retornar a clases se maneja con cuidado por la inseguridad
En este contexto, comentó que toda la información resultado de esa evaluación que se realiza para el regreso a clases, se maneja con mucha discreción debido a la inseguridad que prevalece en el estado y demandó al gobierno garantizar un clima social adecuado en Chiapas, porque es su obligación que tienen que cumplir.
El dirigente sindical sostuvo que, por seguridad de los alumnos, evitó precisar el número de estudiantes, docentes, escuelas, comunidades y municipios que estarían en riesgo de no iniciar clases, ya que estos datos se manejan de manera confidencial debido al riesgo que corren los docentes.
Más adelante, aseguró que ni el gobierno del estado tiene datos precisos sobre la deserción escolar por la inseguridad, y han solicitado que cuando un profesor no pueda llegar a su centro de trabajo debido a la inseguridad, no sea reprimido por falta administrativa.
