Denuncian retenes de extorsión en Tapachula
Advierten que policías estatales hostigan a visitantes guatemaltecos
Organizaciones empresariales del centro de Tapachula denunciaron que cuerpos policiacos instalan retenes carreteros que se conviertenen puntos para realizar extorsiones sistemáticas contra ciudadanos guatemaltecos que ingresan a México por la frontera sur, principalmente por motivos turísticos o comerciales.
De acuerdo con Jorge Enrique Pérez, representante de la Asociación de Pequeños Empresarios del Centro de Tapachula, estos operativos, supuestamente de seguridad, han degenerado en una práctica común de hostigamiento, sobornos y abuso de autoridad de elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Estatal Fronteriza.
“Los policías instalan retenes en la carretera Talismán-Tapachula donde exigen documentos excesivos a los guatemaltecos”, afirmó Pérez. “Si no los traen completos, los obligan a ‘mocharse’ para pasar”.
Puente Cahoacán, zona de extorsiones en Tapachula
El foco más grave de estas extorsiones en Tapachula se localiza en el Puente Cahoacán, a la entrada de Tapachula, donde los automovilistas centroamericanos son interceptados bajo el pretexto de revisión vehicular. Sin embargo, según múltiples denuncias, los agentes utilizan esta revisión para exigir la presentación de licencia de conducir, tarjeta de circulación, seguro automotriz, entre otros requisitos.
Estos documentos no siempre son obligatorios para quienes cruzan temporalmente por motivos turísticos, lo que convierte el requerimiento en una herramienta de extorsión disfrazada de protocolo de seguridad.
Pérez lamentó que estas extorsiones afecten la imagen de Tapachula como destino fronterizo seguro, y dañen la economía local al disuadir la llegada de visitantes. “Se necesita una acción inmediata para frenar estos abusos. Los guatemaltecos vienen a dejar derrama económica, no a ser víctimas de corrupción”.
Gobernador separa a comandante acusado de corrupción y vínculos criminales
Mientras se acumulan denuncias ciudadanas en la frontera sur, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció este sábado la destitución del comandante José Carlos Lemus Vidal, jefe de base en La Concordia, tras ser señalado por presuntos actos de corrupción, encubrimiento delictivo, abuso de poder y consumo de alcohol en servicio.
La decisión se tomó luego de que el elemento Francisco Ramírez Galindo, integrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal (FRIP), difundió un video en redes sociales el pasado 22 de mayo, en el que acusa a su superior de ordenar la liberación de detenidos, encubrir a grupos criminales y hostigar a otros policías.
“Le he pedido al Fiscal General que garantice los derechos del denunciante”, declaró Ramírez Aguilar. También instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a separar de su cargo a Lemus Vidal mientras se desarrolla una investigación imparcial.
El discurso oficial no basta ante el hartazgo ciudadano
El mandatario chiapaneco sostuvo que su administración no permitirá un regreso a los tiempos de violencia institucional y complicidad con el crimen organizado, al tiempo que defendió su política de seguridad como “legal, moral y firme”.
“No hay cabida para la impunidad. Chiapas sufrió mucho, y no vamos a permitir que regrese la sangre y la corrupción a las instituciones”, subrayó.
No obstante, las denuncias de retenes ilegales, extorsión en carretera y vínculos criminales en corporaciones como la FRIP reflejan una desconexión entre el discurso gubernamental y la experiencia cotidiana de ciudadanos y empresarios.
“Podrá haber buena voluntad en el Ejecutivo, pero en la base operativa persiste una cultura de abuso que debe erradicarse de raíz”, concluyó Jorge Enrique Pérez.
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