Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano esclarecer el crimen de militares contra Ernestina Ascencio Rosario, familiares de la indígena de 73 años de Soledad Atzompa, Veracruz, esperan que las autoridades cumplan con investigar y se haga justicia por el hecho ocurrido en 2007.
“A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”, expresó Martha Inés Ascencio, hija de la indígena nahua, de la comunidad de Tetlatzinga.
La hija de Ernestina –quien murió por falta de atención médica, tras ser víctima de agresión sexual por miembros del Ejército mexicano- expresó que, tras sentirse solas en este caso, “ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso”.
La CIDH condenó al Estado Mexicano a esclarecer el crimen de efectivos del Ejército Mexicano en contra de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de Soledad Atzompa y de lengua náhuatl y que tenia 73 años en la fecha de su muerte.
El compromiso del Estado mexicano
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina de este miércoles que el Estado mexicano acatará la sentencia y aplicará las acciones ordenadas por la Corte.
“Son muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Me pasaron la nota exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir”, aseguró.
¿Qué dice la sentencia?
En la sentencia de este 16 de diciembre, la CIDH determinó que México es responsable internacional por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio y por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para su familia.
Ascencio Rosario, mujer indígena monolingüe de 73 años, fue agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en el municipio de Soledad Atzompa en la Sierra de Zongolica, Veracruz y no recibió justicia por parte del gobierno de México.
La CIDH estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada, por lo que concluyó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la mujer indígena.
Además, determinó que México tampoco investigó con la debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de Ascencio Rosario.
La Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.
Las medidas
Derivado de ello, ordenó al Estado mexicano realizar una investigación penal exhaustiva que derive en la sanción de los responsables, adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación a sus familiares, hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Asimismo, otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen, además de implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia.
También, determinó que el gobierno de México debe fortalecer el centro de salud en Soledad Atzompa, adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en Veracruz, y elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.
Según la determinación, la Corte-IDH supervisará que el Estado cumpla con estas medidas e informe dentro de un año sobre el cumplimiento de las mismas.
Abogadas celebran la sentencia
Patricia Benítez Pérez, coordinadora del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), la sentencia “la verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región”.
A su vez, Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), los reclamos de justicia ante la Corte -en 2023- por este caso permitirán la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, y que se garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México.
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