Después de 10 meses, la Fiscalía General del estado de Chiapas, y autoridades de seguridad pública sigue sin mover un dedo para encontrar a tres jóvenes desparecidos, a quienes los sustrajeron de sus casas,
Desde que el 20 de agosto de 2024, hombres armados sustrajeron violentamente de sus casas a tres muchos de 15 y 16 años de edad, aparentemente por policías que portaban chalecos antibalas.
La violencia contra los jóvenes menores de edad se registró en la ciudad de Arriaga, en la zona de la costa de Chiapas, sin que hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado y de Seguridad Pública hayan “movido un dedo” para dar con su paradero.
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¿Qué dicen los familiares de los secuestrados?
Los familiares de los jóvenes secuestrados denuncian que van ya diez meses de silencio, miedo e incertidumbre que enfrentan, por no tener respuesta algunas de las autoridades.
Dicen que además las autoridades los tienen amenazados y los obligan a “mantenerse callados”, a no decir nada de la desaparición de sus hijos para no “entorpecer las investigaciones”.
Es por ello que a la fecha desconocen si están vivos o muertos los tres adolescentes:
- Emanuel Alemán Camacho (15 años de edad)
- Martín Gustavo Ramos Cruz (15 años de edad)
- Ángel Fabricio Santiago Torales (16 años de edad)
Madres rompen el silencio
Después de diez meses sin respuestas y de que Adriana Camacho Nolasco, María Guadalupe Cruz Martínez y Candy Torales, madres de los tres jóvenes se enfrentan a la desesperación de no saber en dónde se encuentran sus hijos, rompen el silencio.
Denuncian que lo peor es que las autoridades policiacas guardan un “silencio cómplice”.
Es por ello, que esta semana, las desesperadas y afligidas madres decidieron no callar más y alzar la voz por primera vez, luego de asegurar que las autoridades locales las mantuvieron calladas todo este tiempo, bajo la promesa de que “se está investigando”.
¿Qué piden las madres de los jóvenes desaparecidos?
Las madres de los tres jóvenes piden a la ciudadanía en general y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar intercedan en las investigaciones -si es que en realidad las están llevando a cabo- y ubicar a sus hijos.
Hoy denuncian públicamente la desaparición forzada de sus hijos y el abandono institucional en la búsqueda.
Testimonios de las madres:
Adriana Camacho Nolasco es madre de Emanuel Alemán Camacho, quien narra que a su hijo lo sacaron de casa alrededor de las tres de la madrugada el 20 de agosto de 2024, por un grupo de hombres armados que irrumpió de manera violenta en su domicilio.
Los hombres no llevaban pasamontañas, iban vestidos como policías, con chalecos antibalas y lo único que le dijeron es que a su hijo “se lo llevaban a la fiscalía”.
Al preguntarle por qué, solo le respondieron:
“No me importa que sea menor de edad, estamos levantando a puros menores de edad”.
En tanto que la señora María Guadalupe Cruz Martínez, madre de Martín Gustavo Ramos Cruz, de 15 años de edad señala que las autoridades solo les dicen, que “están investigando” y que “están vivos”, pero no hay pruebas, ni avances.
Ella recuerda que su hijo se lo llevaron los hombres armados a las 10:30 de la noche, del 19 de agosto de 2024, cuando hombres armados irrumpieron en su domicilio..
Mientras que Candy Torales, madre de Ángel Fabricio Santiago Torales, de 15 años de edad, cuenta que su hijo desapareció también el 19 de agosto.
Su caso es especialmente doloroso, pues los hombres llegaron armados, encapuchados y no explicaron nada.
¿En que coincide la narración de las madres?
De acuerdo a lo narrado por las tres madres, ninguno de los jóvenes tenías problemas ni mucho menos antecedentes penales, son estudiantes sanos y en la escuela los reconocen, sus amigos y los vecinos del municipio.
Las tres familias comparten un patrón común:
Los menores los privaron de la libertad sin orden de aprehensión, sin justificación, sin pruebas, sin aviso. Los supuestos operativos los ejecutaron con violencia y bajo total opacidad.
A pesar del tiempo transcurrido, las madres aseguran que las autoridades no dan respuestas ni resultados, y denuncian más casos de “levantones” en Arriaga, los cuales no los denuncian o temen las familias en alzar la voz.
Además, acusan a las autoridades locales de Arriaga las cuales desde el inicio mostraron omisión, lentitud y desinterés en el caso.
Denuncian que el proceso está lleno de obstáculos, gastos personales y promesas incumplidas.
“A nosotros, todo nos cobran, todo cuesta. Nos decían que nos estaban ayudando, que no hiciéramos ruido, que era mejor esperar”, dicen.
Los familiares indican que este largo periodo de silencio no fue por resignación, sino por presión institucional.
“Nos hicieron guardar silencio”, dijo Adriana. Hoy, sin resultados, decidieron hablar.
