El hallazgo de más de 300 cuerpos amontonados en un crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, encendió la alerta de las autoridades judiciales y de seguridad, quienes clausuraron el lugar y aseguraron los restos humanos para identificarlos y registrarlos, sin que se haya confirmado que sus decesos sean a manos del crimen organizado.
Al respecto, el titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, había detallado desde el viernes que la cifra era de 60 cuerpos; sin embargo, con el avance de las investigaciones, el número se incrementó a 381, con la posibilidad de que los cadáveres más antiguos sean de hace más de dos años.
Los sucesos ocurrieron en la colonia Granjas Polo Gamboa la noche del jueves 26 de junio, dado que las autoridades recibieron una llamada al número de emergencia para reportar un olor fétido y el avistamiento de un cadáver al interior de un automóvil aledaño al crematorio.
No se trata de un crematorio clandestino: fiscal de Chihuahua
De acuerdo, al fiscal César Jáuregui, el establecimiento no es clandestino, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), indicó que el crematorio contaba con todos los permisos para operar de manera legal y detalló que su última inspección fue en el 2020, año en el que recibió una sanción por acumular cuerpos.
Asimismo, los cuerpos no estaban en estado de descomposición, sino que se encontraban “bien embalsamados”, habían pasado por procesos funerarios y contaban con certificado de defunción, por lo cual estaban en espera de pasar por el incinerador.
El avance de las investigaciones apunta a que el crematorio entregó un material distinto a las cenizas a los familiares o seres queridos que contrataron los servicios por medio de una funeraria, por lo cual la Fiscalía inició un cotejo de los documentos encontrados para asegurarse de que no existan irregularidades como la disposición inadecuada de restos humanos.
Por los hechos, el coordinador de comunicación de la Fiscalía de Chihuahua, Eloy García, anunció que iniciarán un proceso administrativo para sancionar económicamente al establecimiento por negligencia por parte de los administradores.
