Autoridades federales y estatales aseguraron siete aeronaves durante un operativo en un helipuerto clandestino en Veracruz, ubicado específicamente en el municipio de Medellín de Bravo. Esta acción forma parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México contra infraestructura logística presuntamente vinculada a actividades ilícitas.
Las corporaciones ejecutaron el operativo mediante una orden de cateo que otorgó un juez competente. Participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal.
En helipuerto clandestino en Veracruz hallan aeronaves, armas y equipo
En el inmueble cateado, las fuerzas de seguridad localizaron seis aeronaves de ala rotativa, una aeronave de ala fija, un fuselaje adicional y un vehículo, lo que confirmó que el sitio operaba como un punto aéreo no autorizado.
Además, los agentes aseguraron tres armas cortas, tres cargadores y 45 cartuchos útiles, indicios que refuerzan la hipótesis de que el lugar funcionaba como centro de operaciones para actos ilícitos.
Durante la intervención, los efectivos detuvieron a una persona y la pusieron a disposición de la autoridad ministerial. Hasta el momento, las autoridades no revelaron su identidad por razones legales.
Segundo operativo en Tierra Blanca
De manera paralela, el Gabinete de Seguridad informó sobre un segundo operativo que realizaron el mismo día en el municipio de Tierra Blanca, también en Veracruz.
En ese sitio, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, 13 cargadores, 21 cartuchos, equipo táctico, dispositivos de radiocomunicación y un vehículo. El Ministerio Público Federal resguardó todo el material para dar continuidad a las investigaciones.
Investigación abierta sobre uso y procedencia
Hasta ahora, las autoridades no han precisado si este helipuerto clandestino en Veracruz contaba con permisos oficiales, ni la procedencia de las aeronaves aseguradas. Tampoco informaron sobre el destino de los vuelos o la posible relación directa del sitio con grupos delictivos específicos.
Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de deslindar responsabilidades, establecer vínculos criminales y determinar el uso real del inmueble dentro de posibles redes delictivas que operan en la región.
