La Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (COESFO) confirmó la presencia de dos incendios intencionales en zonas de controversia agraria en los municipios de San Mateo Yucutindoo y Santiago Ixtayutla, donde grupos involucrados en la disputa territorial han bloqueado deliberadamente el acceso a los combatientes forestales.
La titular de la dependencia, Magdala Cohello Castillo, advirtió que estas acciones colocan a las autoridades ante un doble desafío: contener el fuego y enfrentar un conflicto social que rebasa lo ambiental.
El fuego como instrumento de presión territorial
Los incendios forestales activos en Oaxaca no responden únicamente a disputas comunitarias aisladas. En al menos dos casos recientes, el fuego se ha convertido en una herramienta de presión territorial asociada a conflictos agrarios no resueltos, que además impiden la intervención de brigadas oficiales y agravan el daño ambiental.
De acuerdo con reportes oficiales, los incendios fueron provocados de manera intencional en áreas estratégicas del territorio, en un contexto en el que organizaciones en pugna buscan imponer control, impedir el aprovechamiento del suelo o presionar decisiones agrarias pendientes.
Este patrón, reconocido por autoridades forestales y de protección civil, no es nuevo ni aislado. En regiones de la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca, el fuego se utiliza recurrentemente como mecanismo de desgaste comunitario, afectando bosques, pastizales y medios de subsistencia.
El bloqueo a brigadas no sólo retrasa la mitigación de los incendios, sino que transforma un delito ambiental en un problema de gobernabilidad y seguridad territorial.
Siete incendios en 12 días y más de 106 hectáreas dañadas
En los primeros doce días del año, Oaxaca ha registrado siete incendios forestales, con una afectación preliminar superior a 106 hectáreas de cobertura vegetal. Aunque las brigadas lograron liquidar siniestros en Chimalapas, Huatulco, Tonameca, Tlacoltepec y la región Mixe, los incendios en zonas de conflicto agrario permanecen activos.
Las autoridades estatales confirmaron saldo blanco en vidas humanas, pero reconocieron daños materiales y ambientales significativos, cuya atención se complica cuando no existe acceso seguro a las zonas afectadas.
Antecedente crítico: más de 36 mil hectáreas perdidas en 2025
La magnitud del problema se refleja en los datos del año anterior. Durante la temporada de incendios de 2025, Oaxaca registró 201 siniestros, con una afectación preliminar de 36 mil 221.5 hectáreas, una de las cifras más altas del país.
Estos antecedentes han llevado a la instalación de Comités Regionales de Prevención y Combate de Incendios Forestales, así como al despliegue de apoyo aéreo mediante un helicóptero equipado con cisterna. Sin embargo, las autoridades reconocen que ninguna estrategia técnica es suficiente cuando el conflicto social bloquea la intervención institucional.
Desde la Comisión Estatal Forestal, la #PrimaveraOaxaqueña tenemos el compromiso de proteger los recursos forestales de nuestros pueblos y comunidades, asegurando un futuro verde y sustentable para las próximas generaciones. pic.twitter.com/8TigwsZktA
— Comisión Estatal Forestal (@COESFO_GobOax) January 15, 2025
Más allá del daño ambiental: un problema estructural
Funcionarios estatales subrayan que los incendios en contextos de conflicto agrario no pueden atenderse sólo como emergencias naturales. Se trata de fenómenos vinculados a disputas históricas por la tierra, ausencia de resolución legal y fragmentación comunitaria, factores que permiten el uso del fuego como mecanismo de presión.
En este escenario, la autoridad forestal enfrenta un reto transversal que exige coordinación ambiental, agraria y de seguridad, además de diálogo institucional con las comunidades, para evitar que los incendios sigan funcionando como instrumento de control territorial y desplazamiento forzado.
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