Mujer otomí condenada denuncia proceso injusto
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos denunciaron graves irregularidades en el proceso judicial contra María Guadalupe González Martínez, mujer otomí condenada a 50 años de prisión por el delito de secuestro. La audiencia de explicación de sentencia se realizó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, donde la acusada reiteró su inocencia.
Acompañada por su hermana Cecilia González y por mujeres de su comunidad, María Guadalupe afirmó que enfrenta una condena sin pruebas sólidas. “Me absolvieron de dos delitos, pero me condenan por uno sin fundamentos. Estoy pagando por algo que no hice”, declaró antes de ingresar a la audiencia.
Origen del caso y contexto de violencia vicaria
El caso se originó en 2021, cuando la mujer presentó una demanda de pensión alimenticia contra su expareja. Poco después, la actual pareja del hombre la denunció por abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro. La defensa sostiene que estas acusaciones derivan de un patrón de violencia vicaria y represalias judiciales.
En 2024, un tribunal de alzada anuló la primera sentencia por falta de traductor de lengua otomí y ausencia de perspectiva de género. Sin embargo, el juez Víctor Hugo Martín García volvió a condenarla el 1 de octubre de 2025.
Colectivos exigen revisión del caso
Colectivos feministas señalaron inconsistencias en la investigación ministerial, como la inexistencia de registros médicos y bitácoras oficiales que sustenten el supuesto rescate de la víctima. Tampoco se acreditó su ingreso hospitalario, según documentos del IMSS.
Durante la audiencia, familiares y vecinos exigieron revisar el caso con criterios de interculturalidad y justicia de género. Denunciaron amenazas en redes sociales y pidieron medidas de protección para la familia.
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Mujer otomí condenada apelará sentencia
María Guadalupe solicitó públicamente la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del Poder Judicial y de la Fiscalía estatal. Recordó que la mandataria había solicitado revisar el expediente, sin que hasta ahora haya habido un pronunciamiento público.
La defensa anunció que interpondrá una apelación en los próximos días. “No me rendiré. Pueden quitarme la libertad, pero no la esperanza”, expresó la mujer, escoltada por personal judicial.
El caso se ha convertido en símbolo de las deficiencias estructurales del sistema de justicia mexiquense, especialmente en procesos contra mujeres indígenas sin traductores ni asesoría adecuada.
